La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se declaró como no competente para continuar la investigación de la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en torno a los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo. El Alto Tribunal, que había sido interpelado por Carmen Negrín, nieta del presidente de la II República Juan Negrín, para que continuara la investigación contra los responsables de las desapariciones, alega que no existe "ninguna razón ni fundamento legal" ya que los éstos ya no tendrían condición de aforados.

La nieta de Negrín solicitó la implicación del Supremo en este asunto tras conocer el escrito en el que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, contestaba al auto en el que Garzón se declaró competente para investigar estos hechos, citando como imputados a Francisco Franco y a los miembros de los primeros gobiernos de su dictadura. La Fiscalía concluía que "la competencia con carácter exclusivo y excluyente para la tramitación, sustantación y resolución del procedimiento corresponde a la más alta instancia jurisdiccional de nuestra Nación: el Tribunal Supremo".

Sin embargo, el Alto Tribunal, en una providencia hecha pública con fecha del 26 de noviembre, concluye que la petición de Carmen Negrín debe ser desestimada y todas sus pretensiones archivadas. Así, el Supremo señala que "no resulta que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos a los que el escrito se refiere desempeñe en la actualidad" ningún cargo por el que deba considerarse como aforada. A ello se añade, según el Alto Tribunal, que no consta que ninguna de las personas que actualmente desempeñan estos cargos en los diferentes ámbitos del Estado interviniera o participara en los hechos.

Por su parte, la representación letrada de Negrín, en un comunicado dijo realizar su propia y particular lectura de la providencia del Supremo. Así estima que el Alto Tribunal ha declarado su competencia para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en aquellos casos en que sí "hubiera intervenido o participado alguna persona que hoy desempeñe alguno de los cargos mencionados" en la Ley como aforados. Además, añaden que el Supremo no menciona las otras cuestiones planteadas en el mencionado escrito del Fiscal: ni que los delitos estarían prescritos y amnistiados, ni que su investigación y enjuiciamiento sería competencia de órgano judicial distinto de la Audiencia Nacional.

Respuestas pendientes

La nieta del ex presidente del Gobierno de la II República interpuso el pasado 17 de noviembre ante el Supremo una querella por prevaricación contra los diez magistrados de la Audiencia Nacional que el 7 de noviembre, y a instancias de la Fiscalía, paralizaron el inicio de las exhumaciones de fosas comunes ordenadas por el juez Baltasar Garzón en el marco de su investigación. El alto tribunal todavía tiene que pronunciarse sobre la admisión a trámite de esta querella, en la que Negrín también acusa de prevaricador al fiscal que solicitó la paralización de las exhumaciones, Carlos Bautista.

El escrito, que se presentó acompañado de otros 19 documentos anexos, incide en que los diez magistrados contra los que va dirigida la querella eran conocedores de lo que califica como una postura injusta ya que "cinco magistrados les estaban advirtiendo de ello". Concretamente, la querella va dirigida contra el fiscal Bautista; el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez; los presidentes de las otras tres secciones que componen este órgano: Fernando García Nicolás (Segunda), Alfonso Guevara (Tercera) y ngela Murillo (Cuarta), así como los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, ngel Hurtado, Paloma González Pastor, Julio de Diego López, Juan Francisco Martel y Nicolás Poveda.