La inesperada muerte Roberto García-Calvo da una baza al PSOE en la negociación del pacto para la Justicia. La sustitución del magistrado conservador del Tribunal Constitucional podría acordarse de forma aislada, al margen de las conversaciones abiertas por las direcciones de los grupos parlamentarios socialista y 'popular' para la renovación de la institución y del Consejo General del Poder Judicial. No hay nada que lo impida y forma parte de las previsiones legales. Pero los socialistas no harán esa concesión al PP y tratarán de sacar partido de la situación para lograr un acuerdo global más favorable a sus intereses.

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, recordó hoy que la renovación del tercio del Tribunal Constitucional que debe ser elegido por el Senado lleva pendiente desde diciembre y la del órgano de gobierno de los jueces lleva un retraso de año y medio. "Los políticos tenemos la obligación de renovar y no crear vacíos de poder en ninguno de los órganos constitucionales", dijo. De este modo, insinuó algo que en Ferraz manifiestan abiertamente: que la negociación para la sustitución de García-Calvo forma parte de un paquete completo.

Los 'populares' no sólo quieren tratar el asunto de forma aislada, sino que pretenden además que el nuevo magistrado sea elegido por su grupo parlamentario. Arguyen que, puesto que el PP quien promovió la elección de García-Calvo en octubre de 2001, también debería serlo su sucesor.

Existe, según aduce el PP, un precedente. En 2002 el magistrado Fernando Garrido Falla cesó por enfermedad cuando sólo había cumplido cuatro años de mandato (a García-Calvo le quedaban casi dos y medio) y en tan sólo diez días fue reemplazado por el también conservador Jorge Rodríguez Zapata para cumplir los cinco años de mandato que le restaban.

Equilibrio roto

La inmediatez en el reemplazo del togado resulta crucial para el PP porque su pérdida ha roto el equilibrio de fuerzas que existía en el Tribunal Constitucional cuando aún están pendientes los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña y el matrimonio homosexual.

La proporción es ahora de cinco a cinco entre jueces progresistas y conservadores. Pero el voto de calidad de la presidenta María Emilia Casas, uno de los cuatro magistrados que debía haber sido sustituido en diciembre, actúa en contra de las impugnaciones del primer partido de la oposición.

La ley prevé que en circunstancias como ésta la cámara correspondiente, en este caso el Congreso, designe por mayoría de tres quintos a un sustituto. Eso obliga a un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Y fuentes socialistas ya avisan de que harán valer su actual posición de poder. Ni se dará luz verde al intento del PP de designar automáticamente a un magistrado conservador ni se dará un paso hasta que el acuerdo para la renovación del CGPJ, en funciones desde hace 17 meses, esté también cerrada.