El Poder Judicial pagará las banderas españolas que el Gobierno vasco no quiere colocar en sus sedes judiciales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el único apoyo de los vocales conservadores, acordó adquirir los mástiles y las banderas españolas que el Gobierno vasco se niega a comprar e instalar en las sedes judiciales de esta comunidad autónoma. Los vocales del CGPJ, que serán renovados la próxima semana, celebraron este jueves su última sesión plenaria tras casi siete años de mandato y repitieron la imagen de total división que ha caracterizado toda su andadura.

El pleno, con el voto en contra de los siete vocales progresistas y la abstención del independiente Agustín Azparren, ordenó a la comisión presupuestaria que inicie "el desarrollo de los trámites oportunos para la adquisición de los mástiles y banderas" a fin de cumplir la ley de Banderas en las sedes judiciales del País Vasco, tal como reclamó el pasado 15 de febrero, "de manera urgente", la Sala de Gobierno del tribunal superior del País Vasco. En esta comunidad autónoma solo luce la enseña española en las sedes judiciales de las tres capitales (Bilbao, Vitoria y San Sebastián), pero nunca lo ha hecho en el resto de tribunales.

El Gobierno vasco, el responsable de aportar todos los medios materiales a los tribunales de la zona, comunicó a principios de año a la Sala de Gobierno del tribunal superior que no se haría cargo del coste de la colocación de las banderas en las once sedes que faltan. De hecho, el propio consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, dejó claro hace meses en el Parlamento de Vitoria que no habrá "un puñetero duro" para ese asunto.

La reclamación se había planteado con anterioridad ante el propio pleno del CGPJ y la mayoría absoluta de los vocales, conservadores y progresistas, habían acordado instar al Ministerio de Justicia para que el Gobierno adoptara las medidas necesarias que permitieran cumplir la ley de Banderas en las sedes vascas. Sin embargo, el vocal conservador Juan Pablo González trajo el asunto de nuevo al último pleno, el previo a la renovación de la institución.

El vocal propuesto por CiU, Alfons López Tena, que se opuso a la compra, presentó un voto particular en el que considera que la mayoría conservadora, por interés político, ha podido cometer "una malversación de fondos", por adquirir bienes "sin trámite administrativo alguno, sin cuantificar ni su número ni su coste, sin informe de intervención, y para instalar en edificios sobre los que el CGPJ no tiene competencia alguna".

Libertad de expresión

La mayoría conservadora, elegida en 2001 a propuesta del PP, utilizó también la última reunión plenaria, que duró unas tres horas, para retirar la sanción que este mismo órgano impuso hace más de un año a Laura Alabau, la juez de Denia (Alicante) que se negó celebrar matrimonios entre homosexuales.

El pleno, por nueve votos a ocho, suspendió la multa de 305 euros que le impuso la Comisión Disciplinaria por haber afirmado en un escrito oficial que había sufrido "una persecución por el aparato propagandístico del Gobierno" por su postura contraria a estas bodas. Los conservadores anularon la falta grave porque creen que solo hizo uso de su libertad de expresión. López Tena, que también voto en contra, considera que los vocales del PP concluyen su mandato "protegiendo a sus conmilitones de la APM (asociación conservadora de jueces), como ya hicieron con el magistrado del caso Mari Luz". Cree que "para eso están los amigos" y que "la legislación vigente sólo se le aplica al indiferente".

A la vista del resultado de ambas votaciones, que solo contaron con los votos a favor de los conservadores, los acuerdos no habrían sido aprobados por el próximo pleno del Poder Judicial, que contará con una teórica mayoría formada por vocales progresistas y nacionalistas.

El pleno se completó con otros ocho recursos contra sanciones disciplinarias, 35 informes sobre expedientes por mal funcionamiento de la justicia, la prórroga por un año del contrato de 17 letrados de la institución, y la discusión de otros asuntos ordinarios como la convocatoria de varias plazas de letrados y jueces sustitutos, la aprobación de dietas, y la concesión de permisos.