El plan de austeridad autonómico del Partido Popular logra tibios beneficios presupuestarios

Las tijeras se han convertido en la primera herramienta de trabajo de los presidentes autonómicos del Partido Popular. La poda de la administración, tal y como prometió Mariano Rajoy en campaña, focaliza buena parte de sus primeros pasos al frente de unos gobiernos con las arcas maltrechas y obligados por el Ejecutivo central a no rebasar el 1,3% de déficit para cumplir con el compromiso global del país ante la Unión Europea de bajar el déficit hasta el 3% en 2013.

Los primeros recortes, sin embargo, resultan más cosméticos que prácticos. En total, han suprimido 27 consejerías, decenas de altos cargos y organismos públicos. Todo ello propiciará unos ahorros en los próximos cuatro años que oscilan entre el millón de euros de Murcia y los 700 millones que anunció la semana pasada Alberto Fabra, sustituto de Camps al frente del Gobierno valenciano. La reserva lograda transita más por los caminos de la ética y de la racionalización que por los de la economía, sobre todo si se tiene en cuenta que hay comunidades con presupuestos generales anuales que superan los 32.000 millones.

Los populares pondrán en marcha en breve una segunda fase de su plan para rebajar los gastos autonómicos que se centrará en menguar tanto el gasto corriente (coches oficiales, luz, alquileres de sedes, telefonía móvil y fija, entre otros) como las subvenciones.

Sin embargo, estos esfuerzos son para la UE poco más que el chocolate del loro. Consideran que el déficit regional es un claro lastre para la recuperación económica de España. Y la única manera de atajarlo, según los expertos más conservadores, es meterle mano al Estado del Bienestar, o lo que es lo mismo, aminorar los desembolsos en educación, sanidad y gasto social, que conforman más del 80% de la partida de gasto de los ejecutivos autonómicos.

Gasto social

Pero esto, a tres meses vista de las elecciones generales, es tanto como 'mentar a la bicha'. Mermar las prestaciones sanitarias y educativas dejaría a Rajoy sin uno de los argumentos que más ha repetido desde que José Luis Rodríguez Zapatero aprobase en mayo del año pasado el decreto de ajuste en el que congeló las pensiones y bajó un 5% el sueldo medio de los funcionarios. «Yo no tocaré el gasto social, otros sí lo han hecho», afirmó el líder del PP poco después de hacerse pública la convocatoria electoral para el 20-N.

Rajoy, de esta manera, pretende seguir la misma táctica que Angela Merkel, David Cameron y Nicolas Sarkozy que soslayaron sus planes de choque durante sus respectivas campañas electorales para ponerlos en práctica, una vez que estaban asentados en el poder.

Este imponderable aboca a los presidentes autonómicos del PP a buscar otras fórmulas para mantener la liquidez en su administración. Esperanza Aguirre, Alberto Núñez Feijóo o, más recientemente, Alberto Fabra abogan por la devolución al Estado de algunas competencias, sobre todo las de Justicia. Rajoy, por ahora, ha declinado fijar posición al respecto.

Moratoria de 10 años

El líder del PP sí se ha comprometido a conceder una moratoria de diez años a las comunidades para que devuelvan al Estado los 24.000 millones de anticipos que recibieron de más a cuenta del IRPF de los años 2008 y 2009, cuya recaudación fue inferior a la prevista por el equipo económico del Gobierno socialista.

Algunos de estos mandatarios regionales reconocen en privado que, si no llega más dinero del Estado, la única solución será copiar el modelo adoptado por CiU en Cataluña y arbitrar soluciones más drásticas e impopulares que las de bajar sueldos y contar con menos personal de confianza.

La popular Luisa Fernanda Rudi, por ejemplo, adelantó esta misma semana que mantendrá durante el próximo curso la gratuidad de los libros de texto, implantada por el anterior Gobierno socialista, pero advierte de que cambiará el modelo para el ejercicio 2012-2013, que incluirá el cobro por criterios de progresividad según la renta de cada familia.

Hay otra veta donde tampoco se han atrevido a economizar: las televisiones autonómicas. Más de 1.600 millones al año emplean los gobiernos regionales (no solo los del PP) en mantener sus canales. Tan solo De Cospedal se ha comprometido a que, cuando legalmente sea posible (el Gobierno central tendría que modificar una ley) privatizará la radio y la televisión de Castilla-La Mancha. El valenciano Alberto Fabra, por su parte, ha anunciado un expediente de regulación de empleo en Canal 9.

Medidas que, de momento, tienen un calibre inferior a las adoptadas por CiU en Cataluña. A Artur Mas no le ha temblado el pulso a la hora de reducir en un 10% el último presupuesto que aprobó el socialista Montilla. Y esto, traducido a los departamentos de Sanidad y Educación, supone mil millones menos. En el sistema sanitario, por ejemplo, este verano han cerrado 40 centros de atención primaria y plantas de hospitalización y quirófanos en algunos de los principales centros médicos.