El PP no está dispuesto a perdonar a Cándido Conde-Pumpido. Pese al clima de diálogo con que populares y socialistas han abordado los problemas de la Justicia en el inicio de la legislatura, el Grupo parlamentario Popular quiso dejar ayer claro que el ex magistrado que aspira a repetir como fiscal general siempre será la china en el zapato de las relaciones entre ambos partidos.

Conde-Pumpido acudió al Congreso para cumplir con la comparencia ante los diputados que obliga la ley antes de ser designado máximo responsable del Ministerio Fiscal. La sesión, que el candidato orientó con un discurso hacia los retos y objetivos de su Departamento, pronto se transformó en un juicio político a su labor durante la pasada legislatura, que el PP planteó en términos de ajuste de cuentas. El compareciente, que renunció a entrar en la confrontación directa porque aún está en situación de cesado, se consoló con el respaldo expreso que recibió de la mayoría parlamentaria formada por el PSOE, CiU y el PNV.

Conde-Pumpido aclaró que no hubiese aceptado el nombramiento sin el respaldo mayoritario del Congreso y usó sus últimas palabras para negar que cerrase los ojos ante los partidos sospechosos de suceder a Batasuna, acusación que escuchó de manera reiterada de labios del portavoz del PP, Ignacio Astarloa. Aseguró que aplicó la Ley de Partidos "de manera razonablemente aceptable", como lo demuestran las sentencias favorables a la exclusión de candidaturas contaminadas de las elecciones europeas, autonómicas, municipales y generales, obtenidas a solicitud de su Departamento.

El principal argumento del PP fue que Conde-Pumpido "hizo burla de la ley" al someter su aplicación "a los criterios políticos" que le marcó el Gobierno. Le acusó de olvidarse de perseguir a la ilegalizada Batasuna y a los terroristas mientras duró el proceso de diálogo con ETA, de poner en tela de juicio la constitucionalidad de la ley de Partidos, y, como consecuencia, de permitir, "con su in-acción", la vuelta del terrorismo al Parlamento vasco (PCTV) y a los Ayuntamientos (ANV). El PP no ablandó su discurso ni siquiera tras escuchar decir a Conde-Pumpido que su "primer objetivo" será "perseguir a los terroristas.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se negó a admitir que la Justicia española esté sumida en un "caos intolerable". Bermejo afirmó ayer que los datos sobre sentencias pendientes de ejecución, publicados por el Consejo General del Poder Judicial, son llamativos. Aceptó incluso que ponen de manifiesto un "problema endémico de lentitud" en la Administración de la que él es responsable. "Pero de no estar bien a dar la impresión de colapso hay un camino que no debe ser recorrido porque no se corresponde con la realidad", alegó.