Despliega el menú
Nacional
Suscríbete

CORRUPCIÓN EN MARBELLA

El pacto propuesto por la Fiscalía divide de nuevo a ex concejales del GIL

Casi cuatro años después de que la moción de censura contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz dinamitara los mimbres políticos del GIL, el pacto propuesto por Fiscalía de no celebrar los juicios por causas urbanísticas contra ex ediles, a cambio de que acepten el ingreso en prisión, ha supuesto una nueva desavenencia entre los integrantes de la extinta formación política.

Los ex concejales de la agrupación fundada por el fallecido Jesús Gil que estuvieron al frente del Consistorio entre 1995 y 1999 son los que se muestran más dispuestos a aceptar el acuerdo planteado por el Ministerio Público, que se analizará el próximo jueves en una reunión entre la Fiscalía y las defensas de los ex ediles,

"Sería un error no acogerse a un pacto que hemos promovido", han asegurado a Efe fuentes de la defensa de uno de los ex concejales, mientras que la representación jurídica de otro de ellos ha afirmado que el acuerdo "no es muy benévolo, pero es sensato".

Por su parte, varios de los ex concejales gilistas en la siguiente legislatura (1999-2003) se muestran mucho más reacios a aceptar dicho pacto y algunos ya han mostrado su rechazo al mismo mientras las penas de cárcel no sean sustituibles por multas, según han señalado letrados y fuentes del entorno de los ex ediles.

Las diferencias

La diferencia entre ambos criterios, según apuntan algunos juristas, puede deberse a que varios de los integrantes de la primera Corporación que aprobó licencias en virtud del PGOU de 1998, anulado posteriormente por la Junta de Andalucía, ya han entrado en prisión por causas contra la ordenación del territorio.

Los ex ediles Manuel Calle, Mario Jiménez, Marisa Alcalá y Dolores Zurdo ingresaron en la cárcel en octubre de 2006 tras ser condenados a un año de prisión por un delito urbanístico de 1999.

Es esa resolución también se condenó a Julián Muñoz y al ex edil Rafael González, si bien ambos se encontraban en prisión preventiva por el "Caso Malaya", así como al ex edil Juan Antonio Yagüe, que no se presentó en la cárcel y permanece en busca y captura.

"Estos concejales ya conocen que las causas urbanísticas pueden llevar a prisión y el pacto, aunque no ofrece ninguna ventaja penal, supone evitar infinidad de juicios y adelantar acontecimientos", asevera el letrado de un ex edil.

Sentencia por procedimiento

El acuerdo propuesto por la Fiscalía establece una sentencia por cada procedimiento de entre seis meses a un año de prisión, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta.

De esta forma, los ex ediles del GIL deberán asumir, según el caso, penas de cárcel que irán de los dieciocho meses a los tres años, de los que tendrán que cumplir al menos dos tercios (entre uno y dos años) antes de poder optar al tercer grado, según fuentes jurídicas.

Unas condenas que no parecen dispuestas a admitir ex concejales como Tomás Reñones, José Luis Fernández Garrosa, Javier Lendínez, Alberto García Muñoz y José Luis Troyano, que han asegurado que "no están dispuestos a entrar en prisión porque no han cometido ningún delito", según fuentes de su entorno.

No más prisión

Además, algunos de los ex ediles gilistas han expresado su rechazo a ingresar en la cárcel para cumplir la misma pena que otros ex compañeros de Corporación con más imputaciones urbanísticas a sus espaldas, como es el caso del ex alcalde Julián Muñoz.

Sin embargo, varios de los representantes jurídicos de los ex concejales subrayan que Muñoz permanece en prisión desde hace casi dos años por tres causas urbanísticas y sin haber obtenido aún el tercer grado, por lo que habrá penado más que todos aquellos para los que el triple de su pena máxima no sume los tres años de cárcel.

En cuanto al tripartito -integrado por ex ediles gilistas, socialistas y andalucistas- que surgió de la moción de censura y que gobernó desde verano de 2004 hasta la disolución del Ayuntamiento por el "Caso Malaya", la mayoría de las defensas consideran que no se encuentra incluido en el pacto, dado que las imputaciones por causas urbanísticas durante esta etapa no alcanzarían la decena.

Etiquetas