El juez niega a Correa la libertad por el alto riesgo de fuga

Francisco Correa seguirá en la cárcel madrileña de Soto del Real. El magistrado de la pieza principal del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha desestimado de nuevo la solicitud de libertad presentada por el abogado del jefe de la trama corrupta y ha decidido "mantener la prisión provisional incondicional" en los términos dictados por el juez Baltasar Garzón el pasado 12 de febrero.

Pedreira justifica la necesidad de prorrogar la prisión preventiva, ante todo, por el alto riesgo de que el imputado pueda huir al extranjero. El instructor asegura que "hay indicios bastantes para afirmar de forma contundente que existe riesgo objetivo y real de sustracción a la justicia". De hecho, recuerda que el "detonante" de su detención el 6 de febrero fue precisamente que se iba de España a vivir al extranjero. Además, cuando Correa fue apresado había comenzado a "cortar su arraigo en España donde desde meses antes apenas residía, mientras ampliaba su círculo de relaciones humanas y económicas en países como Colombia y Panamá".

Es más, había solicitado la nacionalidad en este último país.

Al juez tampoco encuentra convicente el argumento de que Correa debe abandonar la cárcel para cuidar de su familia, en particular de sus padres de edad provecta y de su hermano, que sufre una minusvalía. "Si bien se trata de una situación familiar compleja, no afecta en ningún caso a la situación procesal del imputado porque Francisco Correa, y así ha quedado acreditado, facilitó a padres y hermano cuanta cobertura asistencial requirieron mientras él pasaba largos periodos de tiempo fuera de España", señala el magistrado en su resolución, quien insiste en que "no es el imputado, quien se ocupa de la asistencia personal de dichos familiares".

Tampoco su salud es tan delicada como para dejarle salir a la calle, a juicio de Antonio Pedreira, quien había ordenado a un médico internista estudiara su estado físico. El especialista sólo le ha diagnosticado "un cuadro de claustrofobia que le imposibilita subir en un ascensor, pero no le impide tomar un avión", relata el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no sin cierta sorna.

Ante este cúmulo de evidencias, el magistrado considera "que en el presente caso se cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para acordar la prisión provisional" y recuerda que ésta es la "única medida cautelar que puede adoptarse en relación a Francisco Correa si se quiere asegurar la investigación y evitar la destrucción de evidencias".

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Correa ya se encuentra "bastante recuperado" de la depresión que sufrió al poco de ingresar en Soto del Real y que provocó en el recluso un evidente desgaste físico, un deterioro que fue alegado por el interesado para pedir por primera vez su excarcelación.

Según explicaron hoy fuentes penitenciarias, su mejora ha sido tal que la dirección del centro ya hace tiempo que sacó al presunto jefe de la trama corrupta del denominado Protocolo de Prevención de Suicidios al que fue adscrito durante los primeros días y que obligaba a que estuviera siempre en compañía de un preso de confianza para evitar que se autolesionara.

Correa, apuntan los responsables médicos de la cárcel, "parece haberse adaptado" a su nueva situación y ha "asimilado" que sus días en libertad no volverán por el momento. Tras la primera época de aislamiento voluntario, el jefe de la trama 'Gürtel' se ha incorporado al ritmo de vida de la prisión, sobre todo apoyado por el que fuera su hombre de confianza, Pablo Crespo, con quien pasa casi todo el día y con quien comparte celda y largos paseos en el patio de mañana y de tarde.

El otrora influyente empresario pasa las horas dedicado a preparar su defensa, hojeando papeles, facturas y documentos con Crespo y, a veces, con su primo Antoine Sánchez, el tercer y último encarcelado por el 'caso Gürtel'. El único 'sobresalto' para Correa en estos cinco meses y cinco días de prisión ha sido un cambio de módulo, después de que la dirección de Soto del Real conociera un supuesto plan de varios internos para fotografiarle entre rejas con el objetivo de vender luego las imágenes a precio de oro en la calle.