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CORRUPCIÓN

El juez ve indicios de delitos en el PP valenciano

Pedreira envía al TSJV parte del sumario ante la presunta financiación irregular del partido.

Camps saluda a un grupo de policías, ayer en Cheste.
El juez ve indicios de delitos en el PP valenciano
MANUEL BRUQUE/EFE

El juez del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, ha decidido enviar una parte del sumario al Tribunal Superior de Justicia de Valencia ante la imposibilidad de seguir investigando las supuestas irregularidades en esa comunidad al aparecer de manera continua nombres de aforados del PP de Francisco Camps. El magistrado da credibilidad al informe de la Fiscalía Anticorrupción que constata que, más allá de la aceptación de los trajes regalados, hasta nueve altos cargos del PP valenciano, con Camps a la cabeza, pudieron incurrir en delitos electorales y contra la Administración Pública, fraude al fisco, falsedad documental, prevaricación, blanqueo, asociación ilícita y cohecho propio.

La inhibición fuerza ahora al instructor de la causa en Valencia, José Flors, a quien el Supremo ordenó reabrir el sumario el pasado 12 de mayo, a poner en marcha una nueva investigación más allá de los obsequios que supuestamente recibieron Camps y los otros tres imputados hasta ahora, el ex vicepresidente Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. Anticorrupción considera que Flors tiene materia para esa investigación adicional ante el importante volumen de documentación intervenida.

Pedreira, que pide que toda la trama en Valencia sea investigada porque es imposible desligar Orange Market y las supuestas irregularidades del PP y del Gobierno valenciano, añade otros cinco nombres relevantes, tres de ellos aforados: Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización del PPCV; Yolanda García, diputada y tesorera del PP en la comunidad; Pedro García Gimeno, ex director general de la Radiotelevisión valenciana; y Cristina Ibáñez, gerente del PP.

El ilícito más grave -y el que más urgencia corre en investigar porque está cerca de prescribir, según la Fiscalía- sería el de financiación irregular del partido. Anticorrupción, que se apoya en los informes de la Policía, de Hacienda y de la Intervención General del Estado, asegura que ese "delito electoral" se cometió en la campaña para las elecciones locales y autonómicas de 2007.

La Fiscalía asegura que el PPCV habría recibido en dinero negro para aquellos comicios 345.200 euros de empresarios afines, que se hicieron cargo de las deudas que el partido había contraído con Orange Market por actos electorales. Anticorrupción cita a las cinco firmas que habrían allegado fondos opacos al partido con facturas falsas: Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallaba, Constructora Martínez y Piaf.

Sin facturas físicas

Pero, advierte el Ministerio Público, esto es solo la punta del iceberg pues "no se han encontrado las facturas físicas" de otros pagos que el PPCV tenía que haber realizado y que ascienden a más de 2,5 millones de euros. Para la acusación pública, los dos principales responsables penales de esta financiación irregular son el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ya imputado, y Cristina Ibáñez, como gerente de los populares valencianos. "Con ellos cooperarían (en la financiación ilegal) Costa, Rambla y Serra", mantiene la Fiscalía, que desvela que tras los alias de 'El Cantante' y 'El Príncipe', que aparecen de manera recurrente en la documentación B de la trama, se esconde el vicepresidente Rambla y el vicesecretario del PP David Serra.

El informe de la Fiscalía, de 823 páginas, pormenoriza el largo elenco de delitos. Hay un apartado para el ex director de la televisión autonómica que recibió regalos que "podrían estar vinculados" al contrato firmado por su entidad con una empresa cercana a Correa para organizar la visita del Papa a Valencia.

Anticorrupción cree que ya hay pruebas de que Camps podría haber dado contraprestaciones por los regalos de Orange Market, por lo que aboga pasar de la acusación de cohecho impropio -admitir dádivas pero sin dar favores- penado con un simple multa, al clásico cohecho, incluso el más agravado y que está castigado con hasta seis años de cárcel e inhabilitación para cargo público por 12 años.

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