El juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, no descarta llamar a declarar al ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, dentro del procedimiento que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a la construcción del velódromo palmesano y que condujeron a su sobrecoste por el doble de lo presupuestado inicialmente, al aseverar que "puede que esté en la agenda" la citación judicial del ex jefe del Ejecutivo.

Así lo aseguró a los medios a su salida de los Juzgados de Vía Alemania, donde manifestó que "si tengo que citarlo ya lo citaré", por lo que eludió dar más datos al respecto. Cabe recordar que Matas ha mostrado su disposición a declarar ante el juez en caso de que sea requerida su comparecencia, con el objetivo de "aclarar cualquier cuestión" que se le pregunte acerca de las condiciones que rodearon a la ejecución de la infraestructura, tal y como anunció su abogado, Rafael Perera.

Además, Castro se pronunció de este modo después de que los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz, quienes dirigieron los trabajos de construcción, afirmasen el pasado viernes ante el juez, en calidad de imputados, que el ex jefe del Ejecutivo autonómico fue quien personalmente les instó a contactar con el ex director general de Deportes, 'Pepote' Ballester, para que se incorporasen al proyecto. Para ahondar en esta cuestión, también ayer fue citada a declarar como imputada la ex jefa de Gabinete de Matas, Dulce Linares.

Se trata, precisamente, de una de las principales líneas de investigación del caso y que se centra en averiguar el motivo por el cual se le rescindió el contrato al arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, y quién ordenó contratar a ambos hermanos, en concreto por unos nueve millones de euros sin mediar concurso público alguno.

Tres nuevas declaraciones

Cabe señalar que José Castro hizo estas afirmaciones después de tomar declaración al arquitecto Ignacio Antonio Sáez, al constructor Antonio Marqués y al también arquitecto Jaime Navarro, quienes, tras sus comparecencias, continúan imputados dentro del caso. Así, en el caso de Sáez, éste compareció por espacio de dos horas y media y tras el interrogatorio, su abogado, Pedro Cerd, confirmó a Europa Press que su patrocinado continúa encausado por un delito de malversación de fondos públicos.

El letrado señaló asimismo que ni Ministerio Fiscal ni acusación particular, ejercida por el Govern a través del abogado Manuel Pomar, han pedido ninguna medida cautelar contra Sáez, quien el pasado día 6 ya quedó en libertad con cargos tras ser interrogado en las dependencias de la Policía Nacional, un día después de ser detenido junto a otras seis personas en el marco de la Operación Espada, entre ellas el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Duran, 'Pepote' Ballester.

Tras la comparecencia de Sáez ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 -encargado del caso-, los fiscales Pedro Horrach y Miguel ngel Subirán, su abogado y el de la acusación particular, también prestó declaración el arquitecto quien, asistido por el abogado Eduardo Valdivia, también continúa imputado tras su interrogatorio.

La última de las comparecencias fue la del constructor Jaime Navarro, cuyo letrado, Alberto de Juan, no especificó los cargos que pesan sobre su patrocinado ya que "no han sido concretados" por encontrarse la causa bajo secreto de sumario. Durante los próximos días se prevén más declaraciones, mientras que para el día 31 también está programada la del cuñado de Matas, Fernando Areal, que fue gerente del PP balear entre 2003 y 2007.

Cabe recordar que el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan posibles irregularidades en los contratos de obras durante la ejecución del Palma Arena, proyecto estrella durante la pasada legislatura del PP, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros. Así, se investigan, entre otros delitos, los de malversación, prevaricación y falsedad documental.

El Ministerio público trata de averiguar así el origen de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyó el velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclama al actual Govern, sumando casi el doble del coste inicial de la obra, que rondaba los 48 millones de euros.