Carlos G. no se desvió ni un ápice de su informe oficial. El inspector jefe que dirigió la investigación del chivatazo al aparato de extorsión de ETA insistió ante el juez Baltasar Garzón en que todos los indicios recabados por su equipo, sobre todo el cruce de llamadas entre los supuestos implicados, apuntan a que detrás de la delación sólo podían estar los hasta ahora únicos tres imputados: el entonces director del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García Hidalgo, el actual jefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés, y un policía de Vitoria, al que ambos habrían enviado a Irún el 4 de mayo de 2006 para entregar un móvil al encargado del 'impuesto revolucionario', Joseba Elosúa, desde el que un desconocido le avisó de la inminente operación.

Su comparecencia ante Garzón y el fiscal Carlos Bautista duró poco menos de dos horas y durante ese tiempo, según fuentes judiciales, se esmeró en detallar cómo durante meses él y sus subordinaron rastrearon casi las 2.000 llamadas realizadas en la zona en el momento del chivatazo para llegar, por descarte, hasta la pista del policía de Vitoria, que, a su vez, condujo a Pamiés, y del jefe superior, al director del cuerpo.

Durante su declaración, Carlos G., siempre según las mismas fuentes, aportó algún "detalle nuevo" sobre cómo se realizó la investigación que señala a la cúpula de Interior que "refuerza la tesis" de la implicación de altos cargos del departamento que ya por entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba. No obstante, reconoció a preguntas del instructor y el Ministerio Público, que durante las intervenciones telefónicas posteriores de los imputados no se obtuvo ninguna conversación en la que los escuchados reconocieran haber participado en la delación.

Una prueba de cargo que no existe y cuya ausencia confirma a la Fiscalía en su intención de pedir el archivo del caso por falta de autor conocido, según manifestaron fuentes de este departamento, que insistieron en que la declaración del inspector no ha aportado "elemento adicional de prueba" que haga cambiar su opinión. Carlos G. salió del juzgado en la misma condición con la que entró, como testigo, ya que ninguna de las partes personadas en la causa solicitó su imputación.

Sin novedad

Muy poco aportaron los dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Investigación de San Sebastián, también llamados a declarar hoy. Los agentes, que formaban parte del dispositivo de fronteras en Irún el día del chivatazo, aseguraron que se limitaron a seguir las órdenes de sus superiores hasta que éstos ordenaron levantar el operativo.

Tampoco fueron especialmente alentadores los informes que este jueves recibió Garzón de la Policía, a la que el miércoles pidió datos sobre las conversaciones desde la cabina adyacente al bar Faisán los días del soplo. Ese teléfono, según los informes, no estaba pinchado.

El juez, a la espera de que Francia conteste las comisiones rogatorias sobre el tráfico de llamadas de Elosúa y el recaudador de ETA al otro lado de la frontera, José Antonio Cau, completó hoy todas las diligencias que ordenó el lunes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que aceptó en parte las peticiones de las acusaciones populares para reactivar la causa.