ELECCIONES 22-M

El Gobierno vasco pide que no haya «presiones» al Tribunal Constitucional

El Gobierno vasco ha afirmado que «respeta y acata» la resolución del Supremo que impide a Bildu presentarse a las elecciones y pide «respeto» a los magistrados del Constitucional, en caso de recurso.

El Gobierno vasco ha afirmado que «respeta y acata» la resolución del Tribunal Supremo que impide a Bildu presentarse a las elecciones, «sin más consideraciones sobre el sentido o la oportunidad de la misma". Tras recordar que la coalición puede apelar al Constitucional, ha pedido a los partidos e instituciones «respeto» para que, en su caso, los magistrados puedan decidir «sin presiones, ni interferencias políticas», según se informa en una declaración de Lehendakaritza.


En un comunicado, el Ejecutivo autónomo ha recordado que viene manifestando «reiteradamente» que «acata y respeta» las resoluciones de los tribunales de justicia, «en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Y lo hace antes y después de que se pronuncien, y con independencia de que comparta o no el contenido de las sentencias», ha añadido.


En este sentido, ha indicado que la valoración del Gobierno vasco sobre la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que ha rechazado las candidaturas de la coalición Bildu a las próximas elecciones del 22 de mayo debe ser de «respeto y acatamiento, sin más consideraciones sobre el sentido o la oportunidad de la misma».


El Ejecutivo vasco ha añadido que los promotores de Bildu tienen ahora la «oportunidad» de recurrir esa resolución ante el Tribunal Constitucional, «como garante máximo del ejercicio de los derechos esenciales de ciudadanía de nuestro Estado de Derecho, puestos en juego en este proceso judicial».


En este sentido, el Gobierno vasco ha manifestado su «absoluta confianza» en el criterio del Tribunal Constitucional y ha anunciado que respetará su resolución, «sea esta cual sea».


Asimismo, ha solicitado al resto de las instituciones y partidos que «actúen en consonancia», permitiendo que los magistrados del Alto Tribunal puedan decidir sobre una materia de tanta trascendencia «sin presiones, ni interferencia políticas».