El Gobierno ultima su gran reforma de la Justicia

La Justicia española necesita un cambio, sobre todo después de varios escándalos que han conmocionado a la opinión pública relacionados con pederastas y terroristas. El Ejecutivo se ha dado cuenta que es necesario endurecer las penas y los seguimientos a algunos presos. Uno de los asuntos urgentes que plantea el Ejecutivo es reformar otra vez el Código Penal para buscar cualquier resquicio que endurezca el castigo de los terroristas.

A raiz de la excarcelación definitiva del sanguinario etarra José Ignacio de Juana Chaos, tanto el PSOE como el PP han caido en la necesidad que los terroristas no puedan volver, una vez en libertad, al mismo lugar donde se encuentren sus víctimas. En el artículo 96 del Código Penal, se detalla un catálogo de medidas de seguridad, las conocidas como medidas 'post-pena', entre las que está prevista la prohibición de residir en un lugar o territorio determinado, o la prohibición de acudir a determinados lugares.

Otro artículo que quiere matizar el Gobierno es el 48, que se refiere a la privación del derecho a residir en determinados lugares. Se puede prohibir al penado aproximarse a sus víctimas o familiares, pero el Ejecutivo pretende que este artículo se amplíe para que el terrorista no pueda acercarse a ninguna víctima de la banda armada. También se va promover una ley para mejorar la atención a las víctimas el terrorismo que incluye la retirada de placas en las calles y cualquier tipo de símbolo de homenaje a terroristas.

Por ahora, ni el Gobierno ni el PP se plantean endurecer aún más las penas, con un cumplimiento máximo de cuarenta años de prisión, al descartar ambos la posibilidad de la cadena perpetua al entender que va contra la letra de la Constitución. Y es que nuestra Carta Magna argumenta el ingreso en prisión con el objetivo de reinsertar al preso en la sociedad.

Limitar la libertad

Según el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, estas medidas que está estudiando el Gobierno permitirían actuar ante pronósticos negativos de reinserción y optar por medidas limitativas de libertad y harían también que nadie pudiera disfrutar de bienes si tiene una condena que implica responsabilidades civiles. Todas estas reformas pretende el Ejecutivo llevarlas a cabo en el último trimestre de este año. Pero estas modificaciones al Código Penal no sólo afectará a terroristas, sino que los pederastas están en el punto de mira. Después del asesinato de la niña Mari Luz Cortés por parte de un hombre que se encontraba en libertad por un fallo judicial, las alarmas saltaron en todos los despachos.

Ahora, se pretende llevar a cabo una serie de medidas de control que permitan que cuando un pederasta cumpla íntegramente su pena pueda vivir en libertad pero en régimen de limitación de esta libertad. Entre estas medidas, se encontraría algún mecanismo de control electrónico así como la posibilidad de que los pederastas condenados no puedan disfrutar de bienes si tiene una condena que implique responsabilidades civiles. También se estudia reformar la regulación de los contratos de seguro para que no puedan ser beneficiarios de seguros de vida, al igual que para condenados por delitos de violencia machista.

El Ministerio de Justicia se ha propuesto si no para finales de este año para principios del siguiente, crear un registro de medidas cautelares, requisitorias y condenas, que permitirá a los juzgados estar interconectados para averiguar las causas que tiene pendiente cada delincuente. Esta medida facilitaría al magistrado información sobre la exitencia de órdenes de busca y captura y de detención y así se podría conocer la existencia de riesgo de fuga. También se va se crear un sistema de gestión de todos los registros el de violencia machista, el de medidas cautelares - apartado especial para pederastas- y el de penados -sentencias firmes-. Los tres estarán integrados y se formará una base de datos única, compartiendo sistema informático.

Reorganizar el trabajo

Entre el primer paquete de reformas judiciales que enviará tras la vuelta de vacaciones veraniegas a las Cortes se encuentran las medidas legislativas para implantar en toda España la nueva Oficina Judicial, que pretende reorganizar el trabajo en los juzgados y hacer recaer las tareas más administrativas en los secretarios judiciales para que los jueces puedan concentrarse en juzgar. Esta iniciativa supondrá la modificación de una veintena de leyes, algunas de ellas orgánicas. Por otro lado, el Ejecutivo prevé presentar el próximo otoño un proyecto de ley orgánica para regular los consejos autonómicos de justicia, un proyecto de ley que no consiguió sacar adelante en la pasada legislatura.

El PP sigue viendo con recelo la existencia de estos órganos, que están previstos en todos los Estatutos de autonomía nuevos, aunque sólo el catalán desarrolla ampliamente sus atribuciones. Y lo que es ya irreversible es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional para septiembre. Parece que por fin el bloqueo del órgano de los jueces podría llegar a su fin si los dos principales partidos se ponen de acuerdo.

Sobre el TC, hay que acabar con las dudas sobre su legitimidad al encontrarse cinco de sus miembros en situación de interinidad desde la anterior Legislatura. De ellas, el PSOE y el PP propondrán dos candidatos cada uno para renovar a cuatro magistrados cuyo mandato está agotado, y un quinto de consenso que ocupará la vacante por el fallecimiento del magistrado Roberto García-Calvo, del sector conservador. En el caso del Constitucional, los cuatro nombres a repartir, entre ellos el de su presidenta, deberán ser designados por el Senado, y siguiendo el nuevo sistema avalado por esta institución, a propuesta de los parlamentos autonómicos.

Una de las líneas rojas para los populares durante la negociación fue que se les permitiese cubrir la baja de García Calvo -cuota conservadora- sin incluirla en el paquete de las otras cuatro renovaciones.