Más de medio millón de hijos y nietos de exiliados del franquismo conseguirán la nacionalidad española en los próximos dos años gracias a la Ley de Memoria Histórica, según las estimaciones del Gobierno. A partir del próximo 27 de diciembre, cuando se cumpla el año de vigencia de la nueva normativa, cerca de 600.000 personas, en su mayoría latinoamericanos y rusos, podrán acudir a las legaciones consulares y a los registros civiles para reclamar la ciudadanía que sus antepasados no pudieron transmitirles al tener que abandonar su país. Y el Gobierno ya ha dado instrucciones a los responsables de la administración para ponérselo muy fácil a estos aspirantes a españoles.

Las órdenes del Ministerio de Justicia son taxativas: hay que «agilizar» al máximo la tramitación de estos expedientes. La Dirección General de los Registros y del Notariado ha distribuido un breve manual de nueve páginas para que despejar cualquier duda de los funcionarios a la hora de interpretar la escueta disposición adicional séptima de la ley, que es la que establece que «las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen», derecho que también se reconocerá "a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio».

Esas instrucciones, por lo pronto, disipan cualquier polémica sobre el concepto de quién fue o no perseguido o represaliado por el régimen de Francisco Franco. El Gobierno dispone que «se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». La circular de Justicia no hace más discriminaciones. Da igual si el ascendiente abandonó España con las fuerzas nacionales en los talones, por el miedo a futuras represalias, por la frustración de vivir bajo una dictadura, como 'niño de la guerra' o empujado por el hambre de los años de postguerra. Sus hijos y sus nietos tendrán derecho a la nacionalidad de su antepasado.

Máximas facilidades

El Gobierno ya ha dado instrucciones a los responsables de la administración para que no sean quisquillosos a la hora de exigir unos papeles con más de 70 años de antigüedad. Para probar que aquel español salió de su país en aquellos años bastará con que sus descendientes presenten el pasaporte con el sello del país de acogida, un certificado de la embajada española en aquel Estado o, en su defecto, cualquier documento oficial extranjero que acredite el año de entrada en el país de acogida. «Más fácil que eso, es imposible», explican los funcionarios de Justicia que se encargarán de gestionar las futuras reclamaciones.

Los consulados, embajadas y registros también tienen indicaciones para ser muy flexibles con los documentos que puedan aportar los descendientes sobre las persecuciones de sus ancestros.

Habida cuenta del tiempo transcurrido, el abanico de certificados válidos será muy extenso. Valdrá cualquier papel de la Administración española que acredite haber recibido pensión como exiliado o una declaración de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones unidas o de organismos similares de los países de acogida.

Pero como no todos los huidos del franquismo tuvieron la condición de refugiados, Justicia ha dispuesto que también se consideren probatorios certificados o informes expedidos por todo tipo de organismo no tan oficiales, como partidos políticos, sindicatos, cualquier institución pública o privada de atención o acogida a los exiliados, o asociaciones que «hayan destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura».

Inscripciones sobrevenidas

La Administración también tiene órdenes de facilitar todo lo posible la obtención de las certificaciones registrales de nacimiento de esos abuelos o padres que ahora transmitirán la nacionalidad de origen a sus descendientes. Ese será otro de los documentos claves para obtener la ciudadanía, por eso a partir del 27 de diciembre Justicia va a poner a trabajar a todo un departamento para encontrar esos certificados con decenas de años de antigüedad. Además, va a crear un «modelo normalizado» de solicitud de esos papeles.

Justicia, consciente de que la mayoría de los futuros peticionarios residen en el extranjero, permitirá pedir las partidas de nacimiento a través de internet. Incluso, si no existe o no se encuentra la inscripción de los abuelos o padres, el interesado podrá promover la inscripción sobrevenida de sus antepasados, siempre que tenga pruebas de que nacieron en España.

Además, los descendientes, siempre que demuestren un interés legítimo, tendrán derecho a consultar todos los libros registrales que necesiten para encontrar las menciones a sus familiares exiliados.