El Gobierno sigue de cerca cada uno de los movimientos que se producen en Batasuna, incluidos los contactos que en las últimas semanas ha mantenido con otras organizaciones políticas, como Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, o sus encuentros con representantes de medios de comunicación. Se mantiene atento a sus planes para presentar en las próximas semanas una nueva marca política que apueste por las vías "exclusivamente políticas" e incluso entiende que el mundo de la llamada izquierda abertzale está en una "posición política favorable" al fin de la violencia.

Pero hasta ahí llega el entusiasmo. Las posibilidades de que los acontecimientos puedan precipitarse tanto como para que la organización esté presente en las próximas elecciones municipales y forales del 22 de mayo son, a su juicio, escasas.

El vicepresidente primero, ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, se encargaron de enfriar las expectativas que se habían generado ya en sus propias filas sobre la proximidad de un escenario de normalidad política y sin violencia en el País Vasco. Son varios los dirigentes socialistas de relieve -entre ellos el vicesecretario general del partido y ministro de Fomento, José Blanco, o la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez- los que se habían atrevido a decir en los últimos días que el fin de ETA está cerca.

El primero en echar un jarro de agua fría sobre esta idea fue Jáuregui. El veterano político vasco subrayó que es muy probable que la banda terrorista no anuncie "nunca" que deja las amas y se disuelve. "Probablemente va a quedarse ahí, un poco en la retaguardia, pero eso puede durar mucho tiempo", matizó el miércoles por la noche en Onda Cero.

Ese hecho, y la constatación empírica de que en toda su historia Batasuna jamás se ha atrevido a romper con ETA mantienen al Ejecutivo en una posición de máxima cautela.

El mensaje tiene una triple dirección: al PSOE, para que no alimente esperanzas en vano; al PP, para tranquilizar sus temores a una nueva negociación; y a la banda terrorista, a la que se desea seguir apretando las tuercas. Rubalcaba dejó claro que la participación de la izquierda radical en los comicios del 22 de mayo no se producirá de manera automática a través de una condena del terrorismo, una idea que había alentado Blanco. "Es fácil -dijo en la Cadena Ser-. Tendrá que demostrar fehaciente e inequívocamente que ha dejado de ser un apéndice de la banda".

Según Jáuregui, verificar tal cosa será complicado. "De aquí a mayo no dará tiempo", remarcó. El ministro del Interior no fue tan lejos y se limitó a señalar que serán los tribunales quienes decidan si el "cordón umbilical" entre Batasuna y ETA se ha roto "definitivamente" o no. Más gráfico aún, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, señaló desde Vitoria que Batasuna debe subir "una escalera con varios rellanos y es posible que esté llegando al primero". "Tiene que llegar al último, que es el abandono de las armas por parte de ETA y eso lo decidirán los jueces", añadió.

En todo caso, lo que se descarta es una vuelta al escenario de la pasada legislatura. El Ejecutivo trabaja con la hipótesis de que en unas semanas, quizá a principios de diciembre, habrá un nuevo comunicado de la banda, pero hasta ahora no ha visto ningún avance sustancial en sus pronunciamientos y el ministro del Interior remarcó que el alto el fuego ha perdido todo valor. "La palabra tregua ya no vale -aseguró Rubalcaba-; quedó enterrada en la T-4, junto a dos personas a las que yo no voy a olvidar".

En cuarentena

Nadie en el PSOE va, aun así, tan lejos como el PP en sus exigencias de que se mantenga a la izquierda abertzale en "cuarentena" antes de permitir que vuelva a integrarse en la vida pública. Eso implicaría una legislatura completa fuera de las instituciones a partir del momento en que, hipotéticamente, ETA dejara las armas y su brazo político condenara "taxativamente" la violencia. "Son muchos años de violencia y muchos muertos. No hay otro camino", defendió el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero.

La situación, de todos modos, se va a enredar más si se cumplen los vaticinios del colectivo abertzale de que ETA va a anunciar un alto el fuego permanente y verificable por los observadores internaciones antes del 10 de noviembre, día en que el abogado sudafricano Brian Currin va a presentar al equipo de cinco mediadores. Si la banda da ese paso, que la izquierda abertzale saludará como el gesto definitivo, el Gobierno y el PP tendrán que calcular muy bien su respuesta.