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TRIBUNALES

El Gobierno apoya el traslado de Garzón

El Ejecutivo pone en un brete al Poder Judicial con su aval a la marcha del juez al Tribunal Penal Internacional.La mayoría de los vocales son partidarios de suspenderle hoy y de rechazar su traslado a La Haya.

Baltasar Garzón, el pasado miércoles a su llegada a la Audiencia Nacional.
El Gobierno apoya el traslado de Garzón
DOMINIQUE FAGET/AFP

La decisión de suspender a Baltasar Garzón se juega hasta el último minuto. El Gobierno avaló ayer en tiempo récord el traslado del juez al Tribunal Penal Internacional y dejó en manos del Consejo General del Poder Judicial la última palabra sobre su situación. El pleno extraordinario de hoy resolverá el entuerto, aunque la apertura de juicio oral contra el juez decretado por el Tribunal Supremo debería apartarle de la carrera de forma automática. Sin embargo, el último resquicio de Garzón para evitar su suspensión, al menos hasta que el Supremo le juzgue por prevaricación y emita una sentencia condenatoria, depende de que el pleno o la comisión permanente del Consejo, que se podría reunir de urgencia, decida aceptar antes su solicitud para irse a La Haya.

En el Consejo del Poder Judicial, empero, los vocales partidarios de apartarlo y de rechazar su salida al tribunal internacional son mayoritarios. Y no solo en el sector conservador, que este miércoles activó la maquinaria para forzar la convocatoria de un pleno urgente para suspender a Garzón, sino también entre una parte del sector progresista, que considera que con la ley en la mano ya no hay vuelta atrás para el juez, más si cabe después de que el Supremo decidiera sentarlo en el banquillo de los acusados por su investigación de los crímenes del franquismo.

En el lado opuesto, los vocales que consideran que el Consejo debería resolver primero la petición de Garzón antes de suspenderlo son minoritarios, si bien ayer intentaron presionar al presidente de la institución, Carlos Dívar, para que convocara una reunión extraordinaria de la comisión permanente antes de la celebración del pleno o, en su defecto, para que este asunto se incluya en el orden del día de la sesión. Las fuentes consultadas se muestran "pesimistas" ante esta posibilidad por los escasos apoyos que suscita, aunque Dívar podría tener la última palabra.

No obstante, en caso de que se aceptara la marcha del juez a La Haya, el debate sobre su suspensión quedaría vacío de contenido ya que el principio que rige la suspensión de un magistrado es apartarle de sus funciones el tiempo que dure su enjuiciamiento. De esta manera, si Garzón se traslada a la corte internacional ya no ejercería como juez y la suspensión no tendría sentido. Otra cosa es que el Consejo volviera a retomar su expediente cuando volviese dentro de siete meses.

Y es que, del miércoles a ayer, el 'expediente Garzón' volvió a dar un giro después de que el Gobierno y el Tribunal de La Haya enviaran, con una celeridad poco habitual en este tipo de trámites, la documentación que pidió el Consejo para valorar la solicitud realizada por el juez.

El Ministerio de Exteriores consideró que su presencia en la corte internacional "es de interés" pues se enmarcaría en el esfuerzo del Ejecutivo por reforzar los medios materiales y humanos del tribunal. Desde La Haya confirmaron que la fórmula de colaboración pedida por Garzón es como asesor externo de la Fiscalía.

Diez votos

Antes que nada, el pleno del Consejo tendrá que pronunciarse sobre la recusación de la vocal Gemma Gallego planteada por Garzón y la abstención del vocal José Manuel Gómez Benítez. Los que ya aceptaron apartarse del caso fueron el vicepresidente Fernando de Rosa y la vocal Margarita Robles. Lo normal es que el pleno rechace la recusación de Gallego y acepte la abstención de Gómez Benítez, por lo que en total serían 18 los vocales que decidirán sobre el futuro del juez. Con diez votos, estaría suspendido.

Por otro lado, el abogado de Baltasar Garzón presentó ayer un escrito de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el rechazo por parte del magistrado Luciano Varela de las pruebas que solicitó en su defensa en la causa abierta por sus investigaciones de las desapariciones del franquismo. Asimismo, en su escrito denuncia que Varela haya decidido abrir el juicio oral "sin esperar a que la Excelentísima Sala se haya pronunciado sobre la suficiencia de la fase de investigación sumarial, ni sobre otras cuestiones de relevancia que se encuentran pendientes de resolver".

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