El consenso cotiza a la baja en España. El Gobierno y el PP tampoco han logrado sellar un acuerdo sobre Educación, uno de los grandes temas de Estado. María Dolores de Cospedal, flanqueada por cuatro consejeros de Educación de territorios gobernados por el partido opositor, expuso ayer los motivos de su 'no'. La secretaria general del PP definió la última propuesta del ministro de Educación como "el mejor blindaje" del modelo educativo actual, un sistema que considera "fracasado". Ángel Gabilondo, pese al revés, anunció que el Gobierno seguirá adelante con la reforma educativa.

En el Gobierno consideran "gravísimo" el plantón del PP, tras casi un año de negociaciones. Fuentes gubernamentales explicaron que no existe "ni un solo motivo" objetivo para que el principal partido de la oposición no haya suscrito el texto final. Comentan, incluso, que algunos miembros del Consejo de Ministros mostraron su preocupación al considerar que el titular de Educación "había cedido demasiado" a las pretensiones del PP.

Por ello, el Gobierno enmarca esta negativa en la estrategia de oposición de Rajoy, que, a su juicio, no distingue entre los temas de Estado y los asuntos de legítima confrontación partidista. Recuerdan que los populares también se han cerrado en banda, al menos, hasta en tres ocasiones en lo que va de legislatura y en temas de gran calado: la ley de financiación autonómica, las medidas anticrisis del pacto de Zurbano y la reforma del Código Penal.

"No quieren la foto del pacto"

Otra prueba de esta incapacidad de los dos grandes partidos para alcanzar alianzas fue la reunión del miércoles entre Zapatero y Rajoy. Un cónclave al máximo nivel que, finalmente, solo deparó un par de entendimientos de calibre menor y que estaban 'masticados' de antemano. "No quieren la foto del pacto para nada", afirman fuentes socialistas, que también recuerdan que el acuerdo de las autonomías, incluidas las regidas por el PP, con el Ministerio de Sanidad para reducir el gasto farmacéutico acarreó algún tirón de orejas para los consejeros populares.

Gabilondo anunció que, pese a la postura del partido opositor, continuará con esta reforma, pues cuenta con el apoyo de buena parte de la comunidad educativa. Solo lamentó que no podrá lograrse la "estabilidad normativa" que perseguía el Gobierno para que cada relevo en el poder no supusiera un cambio de modelo.

La iniciativa, que se plasmará en un proyecto de ley, incluirá 148 medidas, incluidas las del PP. Gabilondo explicó que se ha reunido diez veces con la delegación popular, encabezada en tres ocasiones por De Cospedal. "Había voluntad política de pactar, pero la voluntad política es vulnerable y política", acotó desencantado el ministro.

El PP revisará la reforma

El PP, por su parte, dice no querer ser cómplice de un proyecto que considera equivocado y solo mantiene abiertas las esperanzas de sellar aspectos concretos de la ley. La número dos del partido opositor anunció, además, que cuando el PP llegue al poder revisará esta reforma "porque no es la que necesita España". Apostilló que si el Gobierno lleva finalmente el proyecto al Congreso y se aprueba, las comunidades autónomas gobernadas por su formación acatarán el contenido de la norma, "porque el PP siempre cumple la ley".

El partido opositor defendió que su decisión se basa en cuestiones objetivas. De Cospedal expuso que el Ejecutivo no garantiza una de las peticiones básicas de su partido, que el castellano sea lengua vehicular en todo el territorio nacional y en todas las etapas de enseñanza. El nuevo andamiaje educativo, a juicio de la secretaria general del PP, tampoco apuntala la posibilidad de que exista un tronco común de materias que se impartan en los mismos términos en el país.

El PP tampoco considera que con esta aportación se defienda la igualdad de oportunidades educativas para todos los jóvenes, vivan donde vivan. Un agravio, insisten, que podría derivar en "una España de distintas velocidades". Otras dos pretensiones populares no atendidas son el reconocimiento del profesor como autoridad pública -lo que las agresiones- y la profesionalización de los directores de los centros para alejarlos de cualquier politización.