El PP valenciano ha denunciado que el informe policial sobre la supuesta financiación ilegal del partido es "un claro montaje instigado desde el Ministerio del Interior", mientras que el PSOE ha pedido explicaciones al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, sobre lo que pasa en su formación.

Un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía, publicado el viernes por los diarios 'El País' y 'El Mundo' y rechazado en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, asegura que la dirección regional del PP organizó una financiación ilegal del partido a través de la firma Orange Market, vinculada a la trama empresarial del caso Gürtel.

Según la Policía, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa, el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular.

La contabilidad de Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, "El Bigotes", ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra "en negro", según lo publicado.

Ricardo Costa, en una rueda de prensa convocada esta mañana, ha asegurado que el informe policial es un "claro montaje instigado desde el Ministerio del Interior", y ha anunciado la presentación de una denuncia contra sus autores, al tiempo que ha dicho que no ha pensado dimitir.

Costa, quien ha admitido que el PPCV se equivocó al trabajar con Orange Market, ha explicado que la denuncia se plantea en principio contra la persona que encarga el informe y la que lo firma, "no contra la Policía".

El presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, ha recibido el apoyo telefónico del líder del PP, Mariano Rajoy, quien ha respaldado todas las acciones que se adopten desde el PP valenciano, según fuentes del partido.

Camps no ha querido pronunciarse directamente sobre el informe y se ha remitido ante los periodistas a las declaraciones efectuadas por Costa.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho desconocer por qué y quien ha encargado el informe policial, y ha agregado que "la contabilidad del partido es auditada todos los años por el Tribunal de Cuentas y es una contabilidad legal y en toda regla".

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, a través de un comunicado de prensa, ha calificado de "falsas, irracionales y ridículas" las conclusiones del informe y ha anunciado que presentará una querella por injurias por las informaciones difundidas.

Rambla ha mostrado su perplejidad por la publicación de unas conversaciones entre responsables de la trama, en las que se le cita, al considerarlas "carentes de base probatoria alguna", aunque ha señalado que en ellas, se constata su "negativa a aceptar las pretensiones de la empresa implicada".

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha dicho desconocer la supuestas financiación ilegal del PPCV, y ha asegurado que "jamás ha tenido relación con nadie de los personajes de la trama Gürtel", al tiempo que ha negado recibir regalos de Álvaro Pérez "El Bigotes".

Desde el PSOE, su vicesecretario, José Blanco, ha instado a Rajoy a dar explicaciones "cuanto antes" de lo que pasa en su partido, al igual que lo ha hecho la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para quien el líder del PP "no puede seguir mirando para otro lado".

El grupo socialista en las Cortes valencianas solicitará la creación de una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal de los populares, que presida un diputado de la oposición y donde se aporten todos los documentos que se pidan.

El portavoz del grupo socialista, Ángel Luna, ha considerado que si los populares no aceptan esta comisión de investigación será porque "siguen teniendo mucho que ocultar" y porque saben que "quedan muchas cosas" por saberse.

Compromís y Esquerra Unida han coincidido en pedir la dimisión de todos los implicados en la supuesta financiación ilegal del PP y en criticar la acción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por no haber investigado estas cuestiones