La reforma de la ley electoral echó a andar con el envío por parte de la comisión constitucional al pleno del Congreso de la solicitud para crear la subcomisión que debe emitir un dictamen sobre los cambios que se pueden introducir en la norma vigente desde 1985. Todos los grupos tienen interés en modificar la ley, pero el problema es que sus intereses son contrapuestos, lo que dificultará llegar a un consenso.

El pleno del Congreso aprobará el miércoles la creación de la subcomisión que analizará la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. El visto bueno de la cámara se logrará sin problemas ya que todos los grupos llegaron a un acuerdo el pasado 20 de agosto. Los trabajos durarán un año y la base de las deliberaciones será el informe que ha solicitado el Gobierno al Consejo de Estado. El grupo de estudio estará formado por diez diputados, tres del PSOE, tres del PP, y uno de CiU, PNV, Esquerra-IU, y Grupo Mixto, presididos por Alfonso Guerra, en su condición de máximo responsable de la comisión constitucional.

Consenso

El principal escollo para que los trabajos lleguen a buen puerto es que se requiere el consenso para aprobar las conclusiones dado que se trata de una normativa que no se puede imponer por mayoría porque afecta al sistema para elegir a los representantes de la voluntad popular en los diferentes ámbitos territoriales. De hecho, la norma aprobada hace 23 años contó un alto grado de acuerdo.

El portavoz socialista, Jesús Quijano, consideró que la ley ha cumplido "sobradamente" sus objetivos, lo que demuestra que la norma es "buena". El diputado del PP Juan Carlos Vera confió en que el informe del Consejo de Estado "enriquezca" el debate porque no se trata de "poner parches" en las deficiencias que se detecten sino de proponer unos cambios más allá de los intereses "partidistas" y que respondan al "interés general" en un debate "sosegado".

La primera tarea que afrontará la subcomisión es el voto de los emigrantes ya que los populares y los nacionalistas gallegos están interesados en que en las próximas elecciones autonómicas se aplique un nuevo sistema con el sufragio en urna y no por correo.

Ese cambio requiere que el Gobierno apruebe un proyecto de ley para que sea tramitado en el Congreso y el Senado antes del próximo año.

Intereses

Los intereses contrapuestos de los grupos en la reforma de la ley electoral van a ser el principal obstáculo para el acuerdo ya que todos quieren cambiar la norma, pero en apartados distintos. El PP pretende que en las elecciones autonómicas y municipales gobierne el partido más votado; Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia quieren un sistema más proporcional con colegio nacional de parlamentarios elegido en circunscripción única. Ambas formaciones consideran que el sistema vigente es injusto con los partidos de implantación nacional que no son mayoritarios y, en cambio, beneficia a los nacionalistas.

El PSOE aspira a que los residentes en el exterior sean una circunscripción única que elija a sus propios representantes en lugar de que sus votos vayan a parar a las juntas electorales de los territorios de los que son oriundos. CiU propone, a su vez, que la autonomía sea la circunscripción electoral para las elecciones generales y las europeas.

Conciliar estas aspiraciones será la labor de la subcomisión.

Los grupos minoritarios, pese a la unanimidad para aprobar la subcomisión, son pesimistas porque creen que los socialistas y los populares no tienen la menor intención de modificar un sistema electoral que es favorable a sus intereses y propicia un bipartidismo que cada vez es más acusado.