El Congreso entierra la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional

Era una muerte anunciada desde hacía varios meses y hoy se produjo su defunción definitiva. Ni el grito en el cielo de las asociaciones de derechos humanos ni la presión de los grupos de izquierda impidió que el Congreso, con los votos a favor de PSOE y PP, enterrase el principio de la jurisdicción universal que había convertido a la Audiencia Nacional en una suerte de 'tribunal global'. La reforma entrara en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

El precepto legal, que tantos quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno, pasó a mejor vida con más pena que gloria. De soslayo y politizado por un conflicto con Israel después de que en enero se abriera una causa contra la cúpula militar de aquel país a raíz de un bombardeo en Gaza, la cámara baja aprobó la reforma que limita su aplicación a los casos en que existan víctimas españolas o que los responsables del delito residan en territorio nacional.

Se pone fin así a una competencia jurisdiccional avalada por el Tribunal Constitucional en 2005, cuando admitió el recurso presentado seis años antes por la activista indígena guatemalteca Rigoberta Menchu, que pretendía que la justicia española investigara los crímenes cometidos en su país durante la dictadura de la década de los ochenta.

Esta resolución abrió la puerta para que la Audiencia Nacional instruyera procesos similares acaecidos en otros países, caso de China, Marruecos, Ruanda, Guantánamo o Palestina. Causas que dieron relumbrón internacional al tribunal y, sobre todo, a sus jueces de instrucción, caso de Baltasar Garzón, Santiago Pedraz, Ismael Moreno o Fernando Andreu.

Crímenes de guerra

Además de PSOE y PP, la reforma del artículo que regula la competencia de los delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería contó con los votos de CIU, Coalición Canaria, Nafarroa Bai, UPyD y UPN. En contra se situaron PNV, BNG, ERC e IU.

A partir de ahora, los jueces sólo podrán perseguir dichos delitos cuando exista algún "vínculo de conexión relevante" con España. Una competencia que excluyen los casos que ya estén siendo investigados en el país donde se ha cometido el delito o en un tribunal internacional. Asimismo, se excluyen los considerados como "crímenes de guerra", lo que frena cualquier futura investigación de la Guerra Civil española.

Para el centenar de organizaciones sociales agrupadas para la ocasión en una plataforma, la modificación legal, incluida en la Ley de la Nueva Oficina Judicial, es un "golpe mortal" y "consagra la impunidad". Por el contrario, los diputados valedores de la reforma defendieron la efectividad de la medida pese a que "algún juez le pueda haber servir para ganar cientos de miles de euros en algún curso en el extranjero", señaló la 'popular' Dolors Montserrat en alusión a Garzón.