El Congreso entierra el caso Bono

La comisión del Estatuto del Diputado se declara incompetente para investigar el patrimonio del presidente de la cámara.

Ni a la de tres ni a la de cuatro. El Congreso no investigará el patrimonio de José Bono. El último intento del PP para que la cámara baja bucee en las cuentas de su presidente y compruebe si, durante los últimos años, se ha enriquecido de manera ilícita también cayó en saco roto. La comisión del Estatuto del Diputado se declaró incompetente para indagar sobre este asunto.

Todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en la decisión, a excepción del PP, que, en todo caso, tampoco votó en contra. Simplemente, se abstuvo. Su portavoz en la comisión, Vicente Ferrer, reprochó aun así que se dé "carpetazo" a una demanda que llegó al Congreso de la mano del abogado José Luis Mazón, el mismo que impulsó que el Tribunal de Cuentas abriera una investigación sobre el uso de recursos públicos en las gestiones realizadas para que el Congreso de Estados Unidos concediera a José María Aznar su medalla y el mismo letrado que provocó que el Tribunal Supremo abriera una nueva causa contra el juez Baltasar Garzón por la financiación de unos cursos de Nueva York.

Ferrer alegó que la postura del Parlamento no beneficia en nada ni la "credibilidad" ni la "imagen" de la cámara, y dejó claro que su partido no parará aquí e intentará, por alguna otra vía, que la investigación se produzca. Lo cierto es que si la cuestión llegó hasta la comisión del Estatuto del Diputado fue solo porque el PP abandonó la Mesa del Congreso en las tres ocasiones en que esta iba a declararse incompetente y, debido a su ausencia, no había quórum suficiente para realizar la votación. Los grupos consideraron que solo aceptando, como querían los populares, que la comisión parlamentaria dilucidara sobre el asunto podría resolverse.

El presidente de la comisión, Francesc Vallés, dio por hecho que el tema está ya "zanjado" y se apoyó en el informe realizado por los letrados de la cámara, trabajo que fue examinado ayer por los portavoces, para remarcar que la comisión no tiene potestad para analizar declaraciones de bienes. Además de ese informe, se revisó la documentación sobre sus cuentas aportada por el propio Bono y la carta que envió a Mariano Rajoy.