SUCESO EN EL MAR

El CNI deberá aclarar quién pago el rescate del 'Alakrana'

Pedraz pide al servicio de inteligencia que le informe sobre las personas, empresas o bufetes que negociaron con los piratas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quiere llegar al fondo sobre el pago del rescate del 'Alakrana' y hoy solicitó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que le remita toda la información de la que disponga acerca de quién o quiénes negociaron con los piratas la liberación del atunero vasco. Pedraz da así un paso más para desempolvar la trama jurídico-financiera que se lucra con la liberación de los barcos capturados frente a la costa somalí.


En concreto, el juez pide al servicio de inteligencia que aclare "la identidad de personas, empresas, grupos o bufetes nacionales o internacionales vinculados con los secuestradores como intermediarios o destinatarios finales del rescate, pagando o colaborando con estructuras u organizaciones dedicadas a la piratería". Su implicación en este tipo de actividades se castiga en el Código Penal español un delito de colaboración con banda armada.


El pasado 18 de enero, el armador del 'Alakrana', Kepa Etxebarria, compareció ante el juez como testigo en esta causa y dio algunas pistas. Señaló que el rescate se gestionó desde la embajada española en Nairobi (Kenia) y que rondó los cuatro millones de dólares (2,7 millones de euros). Asimismo, mencionó que las negociaciones con los piratas las llevó un español que se hacía llamar "Pepe de los misteriosos", aunque desconocía para quién trabajaba o si era agente del CNI.


Si 'Pepe de los misteriosos' fue presuntamente la persona que pagó el rescate, según el armador, ¿quién medió con los piratas la cantidad del botín? Una de las líneas con las que trabaja el juez Pedraz es precisamente la de los despachos británicos que se lucran con los secuestros en Somalia, según informaron fuentes jurídicas.


Precisamente, la ministra de Defensa Carme Chacón afirmó tras la liberación del 'Alakrana', el 17 de noviembre, que buscaría el consenso de los aliados "para cortar de raíz las fuentes (económicas) que les llegan a los piratas a través de los pagos que se realizan en los bufetes europeos", caso de Ince&Co, con sede en Londres, que ofrece asesoramiento en caso de ataques de los piratas gracias al vacío legal que existe en ese país para negociar cualquier secuestro.