El PP se agarra a una irregularidad de Garzón

Como agua de mayo. Así ha recibido el PP la investigación abierta por el Tribunal Supremo para esclarecer si Baltasar Garzón se quedó con la instrucción del 'caso Gürtel' de manera irregular al saltarse el preceptivo reparto, tal y como sostiene el abogado defensor del constructor José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la causa.

Una anomalía que, según adelantó hoy Federico Trillo, podría "dar un giro copernicano" al sumario que ya ha provocado el cese de más de una docena de altos cargos del PP en Madrid y Valencia.

La dirección del PP se esfuerza por mantener el difícil equilibrio que supone estar personado como acusación particular en 'Gürtel', al sentirse parte perjudicada, y, a la vez, buscar fórmulas para poner fin a un proceso que erosiona la credibilidad de una formación que quiere hacer de la lucha contra la corrupción una de sus banderas.

La principal esquirla política de esta causa es, hoy por hoy, el futuro de Francisco Camps. El Tribunal Supremo también ha iniciado pesquisas para determinar si Garzón y las dos fiscales Anticorrupción encargadas del caso pudieron "ocultar" pruebas claves para la defensa del presidente de la Generalitat valenciana.

Esta es una tesis que han defendido, entre otros, el propio Federico Trillo. El coordinador de Justicia del PP declaró este jueves: "Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria y al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía a Francisco Camps".

Pese a la efusividad de Trillo, el Supremo, de momento, se ha limitado a reclamar documentación al actual instructor de 'Gürtel', el magistrado Antonio Pedreira, antes de determinar posibles actuaciones punibles.

Pero esta decisión del alto tribunal ha insuflado nuevos bríos a Francisco Camps, muy tocado tras la decisión del propio Tribunal Supremo de reabrir la causa contra él.

El presidente valenciano compareció hoy ante los periodistas en Valencia y, aunque no permitió preguntas, sacó pecho y exigió explicaciones sobre por qué "se han ocultado pruebas exculpatorias" que, en su opinión, "demuestran su absoluta inocencia". Camps abundó en lo que lleva repitiendo desde hace meses: su "absoluta inocencia". "Lo que es una pena es que esas pruebas se ocultasen porque seguro que no habría comenzado nunca ningún tipo de proceso", remachó.

Dimisiones

La dirección nacional del PP hace su propia lectura aunque, de momento, no se han pronunciado ni Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal. "Ahora comienza a demostrarse que el juicio contra Francisco Camps puede estar politizado", comentó Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP. Advirtió, asimismo, de que si las fiscales "ocultaron pruebas exculpatorias, no sólo habrían cometido un delito sino que también habrían servido al interés político del Gobierno". Si se confirma esta sospecha y las fiscales "son imputadas" entiende que tanto Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, como María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera, deberían "asumir sus responsabilidades y dimitir".

Los socialistas, por su parte, restan importancia a la actuación del Supremo y recuerdan que la resolución sólo amplía unas indagaciones ante la denuncia de uno de los imputados en la causa.

Leire Pajín aconseja a los populares que aminoren su euforia. La número tres del PSOE vaticinó que "la investigación sobre el 'caso Gürtel' y todos los que haya encima de la mesa seguirán adelante y quienes tengan que pagar por ello lo harán". Arremetió, al hilo de esta reflexión, contra el PP por cuestionar "la profesionalidad y honorabilidad" de jueces, fiscales o policías "cada vez que en este país hay un pronunciamiento judicial que no le gusta".

Más concreto fue Ángel Luna, portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes valencianas, que definió la estrategia procesal de Camps como "un conjunto de triquiñuelas judiciales que despliega Federico Trillo en nombre del PP". Unas maniobras que, según Luna, buscan "evitar el avance de la investigación y enmarañar el procedimiento para que sea incomprensible para los ciudadanos". Los socialistas valencianos entienden que, con esta actuación, Camps une sus intereses procesales a la de los cabecillas de la trama y lamentan que, "en vez de demostrar su inocencia, busque desesperadamente anular el proceso". Pese a ello, el PSOE de Valencia está convencido de que los populares "fracasarán" en su estratagema y que Camps acabará en el banquillo de los acusados.