La nueva operación anticorrupción abierta este miércoles por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, en la que han sido detenidos el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, y el gerente de la empresa Seguridad y Limpieza S.A., eleva a entre uno y 1,5 millones de euros los fondos públicos presuntamente desviados a través de la adquisición de contenedores soterrados de basuras a la anterior mercantil, según han informado fuentes de la investigación.

Sobre los arrestados, detenidos por agentes de la Guardia Civil, pesan en concreto supuestos delitos de malversación de caudales públicos y cohecho debido a que Chacártegui, quien hasta su destitución en julio de 2009 era responsable de los servicios de recogida de basuras, habría intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el sobrecoste de la compra de los contenedores.

De acuerdo a las pesquisas, el Consistorio abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros. Tras detectarse estas supuestas irregularidades, el equipo de gobierno liderado por la ex alcaldesa Aina Calvo puso estos hechos en conocimiento del Ministerio Público en verano de 2009.

Sin embargo, no fue la única actuación que llevó a cabo el Ayuntamiento en este sentido ya que también interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia contra Seguridad y Limpiezas S.A. y otras tres empresas -Nord Engineering, Reparaciones Técnicas y Servicios Avant y Schmitdt Ibérica de Equipos de Mantenimiento de Carreteras (RTSAvant)-, que finalmente fue archivada, tal y como consta en la resolución de la Comisión a la que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, tanto RTSAvant como Schmidt se encargan de distribuir para España los contenedores fabricados por Nord Engineering, mientras que Seguridad y Limpiezas S.A. es la distribuidora de estos equipos de recogida en Palma.

Fue el 10 de febrero de 2009 cuando el Ayuntamiento convocó un concurso para instalar un nuevo sistema de contenedores soterrados, al que concurrieron empresas locales y dos UTE -la formada por Llull Sastre Construcciones y Contratistas Mallorquines Asociados, y la UTE Adecuación Calles Palma- que resultaron adjudicatarias el 16 de marzo de estas licitaciones.

Adquisición a un precio superior

El expediente señala sin embargo que, tras resultar adjudicataria, en abril, la UTE Adecuación Calles Palma firmó un contrato con Seguridad y Limpiezas para adquirir los contenedores Easy a un precio superior al que presentó al Ayuntamiento cuando dio a conocer su oferta, sin que hasta el momento haya sido justificada esta decisión.

Cabe recordar que, en la jerarquía de Emaya, sobre Chacártegui se encontraban únicamente la ex presidenta de esta empresa y ex número dos de UM en Cort, Cristina Cerdó, quien está imputada en los casos Picnic y Maquillaje, así como la ex gerente Malen Tortella, encausada por su parte en este último procedimiento. La sociedad municipal se encuentra además bajo la lupa judicial por haber sido presuntamente utilizada para favorecer a personas afines a Unió Mallorquina mediante su colocación en esta empresa.

Unos hechos que negó la propia Cerdó ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, ante quien aseveró que los tres años en que permaneció al frente de Emaya fueron «durísimos» debido a la cantidad de personas que fueron a solicitarle un empleo, si bien "de todos los partidos y de los hijos de los trabajadores".