El preso etarra Iñaki de Juana Chaos se reveló contra las órdenes de Gestoras Pro Amnistía. Así consta al menos en un informe incautado al también miembro de la banda terrorista José María Dorronsoro en 1993 fue exhibido hoy durante el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra 27 dirigentes de este colectivo de apoyo a los presos de ETA como prueba de la acusación. Según este documento, De Juana se quejó ante la dirección de la banda de que los abogados de Gestoras le dieran órdenes y directrices e incluso le amenazaran con expulsarle del colectivo si no se ajustaba a ellas.

Como histórico dirigente de ETA, De Juana no admitió que Gestoras le dijera lo que tenía que hacer en prisión. "Se quejó de que, como militante y dirigente de ETA, no tenía por qué aceptar las consignas que le dirigen los abogados de las personas imputadas por su pertenencia a ETA o de las Gestoras Pro Amnistía", explicaron ante el tribunal un comisario y un inspector del Cuerpo Nacional de Policía al referirse al citado informe.

En la carta que De Juana envió a la dirección de ETA, el preso etarra se quejaba de que los miembros Gestoras Pro Amnistía se permitían "el lujo de darle directrices e incluso amenazarle con excluirle del colectivo de presos" y avisaba que como militante de la ETA únicamente "reconocía a la dirección".

"ETA me tiene que hablar en directo y no a través de Gestoras o de 'ZZ', que son algunos abogados", proclamaba el sanguinario etarra en sus quejas que sirven a la Fiscalía para probar que Gestoras forma parte inequívoca del entramado de ETA. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Gestoras constituía el "frente de 'makos' (cárceles)" de la banda y se dedicaba a controlar a los presos, ejercer de enlace entre ellos y la dirección de ETA y garantizar su disciplina.

Las quejas de De Juana se revelaron en un informe incautado al etarra José María Dorronsoro en agosto de 1993 en el que también pone de manifiesto la existencia de una estructura denominada 'Adidas', a la que los investigadores identifican con Gestoras, y otra denominada 'Z' ó 'ZZ', que estaría formada por los abogados que asistían a los presos. Estas dos estructuras controlaban a los etarras que se encontraban cumpliendo condena haciéndoles llegar cartas con las directrices de la banda en las que les ordenaba la realización de "campañas de lucha" que se simultaneaban con "acciones complementarias en la calle".

La policía minucipal

Entre las pruebas aportadas al tribunal también figura otro documento del "archivo político de ETA" intervenido a Dorronsorro en el que se pone de manifiesto que ETA financiaba a las organizaciones que se integraban en la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). En concreto, el informe refleja que en 1986 la banda liberó fondos en beneficio de Gestoras por valor de tres millones de pesetas.

En la sesión de este martes del macrojuicio contra Gestoras, a octava jornada del proceso, también se examinó un documento intervenido en la sede de Jarrai y Haika en Bilbao dirigido a militantes recién incorporados en el que se repasaba la historia del Movimiento Nacional de Liberación Vasco (MLNV), al que se definía como "una rica experiencia organizativa que aúna la pluralidad de organizaciones sectoriales con la comunidad de objetivos tácticos" y "una sólida unidad de acción política donde cada organismo diseña su línea de actuación sectorial pero todas se amoldan a un diseño común".

De esta forma, ETA se encargaba de la "lucha armada" y el resto de organismos a la "acumulación de fuerzas", consistente en "establecer plataformas de planteamientos para llegar a acuerdos con otros agentes sociales". También examinaron los informes internos de ETA sobre el denominado 'Proyecto Udaletxe', que se puso en marcha a partir de 1995 y según el cual todas las estructuras MLNV seguían "un modelo de financiación con gestión mancomunada" en el que Gestoras Pro Amnistía, a quien se identificaba con el nombre el clave de "policía municipal", aportaba fondos a través de los ingresos de sus 'txoznas' o casetas.