Cataluña lanza su plan de austeridad para ahorrar 1.700 millones en 2010

barcelona. El Gobierno de la Generalitat aprobó ayer un decreto ley con un conjunto de medidas de austeridad que permitirán recortar hasta finales de este año entre 1.600 y 1.700 millones de euros el déficit público catalán.

El Ejecutivo catalán se reunió con carácter extraordinario para aprobar el decreto ley, que deberá publicarse mañana, para que ya el martes, 1 de junio, entren en vigor las medidas allí recogidas. Tal y como estaba previsto, el paquete de medidas incluye un recorte de un 5% de media de las retribuciones salariales de los funcionarios de la Generalitat, con porcentajes del 8% al 15% para altos cargos, en la línea de lo aplicado por el Gobierno de Zapatero.

Pese a que el viernes ICV exigía incluir una cláusula para permitir que los funcionarios recuperen en 2013 el poder adquisitivo perdido, ayer Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, replicó que las medidas adoptadas deben "consolidarse" en el futuro para ser creíbles.

Por lo tanto no habrá, según Castells, una recuperación automática del poder adquisitivo perdido sino que el aumento salarial dependerá de cómo evolucione la economía. En el caso de las sociedades mercantiles de titularidad pública, se aplica una reducción del 2,86% de la parte proporcional del gasto de personal.

El decreto ley también prevé una reducción de los conciertos sanitarios del 3,21% que afectará a los centros concertados, tanto los semipúblicos como los privados, así como una rebaja del 5% dirigida a las retribuciones del personal de escuelas concertadas, además de un 1,18% de reducción de los conciertos de centros que prestan servicios sociales.

Aparte de estos recortes salariales, el decreto ley contempla una subida de tres impuestos: el de transmisiones patrimoniales pasa del 7% al 8%, el de actos jurídicos documentados se eleva del 1% al 1,2%, mientras que el impuesto de matriculación sube al 16% para los vehículos más contaminantes como los todoterrenos.

Además la Generalitat piensa impulsar en su reunión del martes otras iniciativas en la línea de mayor austeridad y reducción del gasto. A todo ello se añadirá antes de julio una reforma del IRPF para incrementar los impuestos a los ciudadanos con las rentas más altas.

Por su parte, el Gobierno balear prevé reducir en unos 120 millones el gasto público -unos 100 millones mediante la reorganización y racionalización del sector y unos 20 o 30 a través de la supresión de las inversiones no comprometidas- como una de las principales medidas dirigidas a disminuir el déficit.