Carlos Carnicer: "En el Estado de derecho no se puede arrancar la verdad a cualquier precio"

El Consejo General de la Abogacía Española considera que la grabación de las conversaciones privadas que mantuvieron en prisión el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su actual abogado, José Antonio Choclán, suponen "una violación del derecho de defensa y del secreto profesional y un gravísimo atentado contra el Estado de derecho", en palabras del presidente de esta institución, el zaragozano Carlos Carnicer.

¿Por qué estas supuestas grabaciones suponen algo tan grave? Otras veces se ha hecho.

Excepcionalmente, en temas de terrorismo. La única norma en España que autoriza la intervención de las conversaciones entre abogado y cliente es la Ley General Penitenciaria, donde hay una previsión para los terroristas. Ellos pueden ver mermado su derecho a la intimidad, a no inculparse, a la presunción de inocencia..., porque los legisladores han entendido que se trata de delitos de la máxima gravedad en los que corre peligro el Estado. Hay otra excepción, y es cuando se sospecha que el delincuente es el propio abogado.

Grabar estas conversaciones supone una agresión al derecho a la intimidad...

... Que es vital para la dignidad humana. Las personas tienen derecho a la intimidad, a una vida privada que nadie puede lacerar. Esta intimidad se desvela ante los abogados, y no por capricho. Los acusados tienen la necesidad de romper la carcasa de su intimidad, la que no le han comunicado ni a sus seres más queridos, porque tienen que preguntar en qué situación jurídica están, cuáles son las consecuencias de lo que supuestamente han hecho... Una persona tiene derecho a no autoinculparse y a no declarar contra sí misma, así que luego no debe usarse una grabación en su contra. La violación de la intimidad ya es razón suficiente para advertir sobre las intervenciones de las conversaciones entre abogado y cliente.

Hay suficientes garantías constitucionales para decir que no se pueden graban estas conversaciones. ¿Ha violado el juez Baltasar Garzón la Constitución?

No conozco el sumario del caso Gürtel, gran parte del mismo es todavía secreto y me extrañaría mucho que hubiera un delito terrorista. Aunque inculpación de los abogados sí que ha habido, no de los actuales, sino de los anteriores (Manuel Delgado Solís, primer letrado de Correa, está presuntamente implicado en la causa). Pero creo que el Estado de derecho pierde calidad y se resquebraja como consecuencia del atentado contra los derechos fundamentales, como son el derecho a la defensa, a no autoinculparse o a no declarar contra uno mismo. Si no se reconocen se degeneran la Justicia, la dignidad de la persona y los valores fundamentales de la democracia y del Estado de derecho.

¿No vale todo para averiguar una verdad?

No. Arrancar la verdad a cualquier precio no puede ser, la tortura desapareció hace mucho tiempo. En el Estado de derecho ponemos a disposición de los jueces una serie de elementos para investigar: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todos los laboratorios especializados del país... Los jueces pueden usar la intervención de las conversaciones solamente cuando alcanzar la verdad resulte imposible con los demás medios. Se está abusando del secreto de las diligencias y de la interceptación de las conversaciones telefónicas. Es tremenda la cantidad de teléfonos intervenidos que hay en España. Estamos entrando en una fase muy preocupante de coacción a la intimidad personal, a las comunicaciones y al derecho de las comunicaciones entre personas.

El PP ha llegado a acusar al Gobierno de haber creado un Estado policial a raíz de las escuchas a sus altos cargos.

Sin duda vamos hacia ello, un Estado policial que irrumpe en la intimidad de las personas, en sus líneas telefónicas. Sería catastrófico perder la confianza en la intimidad de las personas. No me hago idea de una sociedad en la que tenga que tener cuidado de lo que hablo. Si de verdad creemos que la forma de investigar los delitos es ponerle a todo el mundo una grabadora en la espalda, se acabó. ¿Para qué necesitamos entonces a los jueces de instrucción y a las Fuerzas de Seguridad?

Antes comentaba que arrancar la verdad es una forma de tortura, pero si no sabes que te están grabando...

Pero digo algo porque se lo digo a alguien en concreto. La verdad la desvelo a quien quiero, pero lo que hago no tengo por qué decírselo a otra persona, sea o no delito. La génesis de todo es la libertad. Sin abogados libres e independientes no habrá libertad.

El caso Gürtel ha generado gran interés social. ¿No están los ciudadanos en su derecho a saber toda la verdad, sea como sea?

Sí, la gente tiene derecho a saber.

Entonces, ¿dónde está el límite?

En los derechos fundamentales. La gente tiene derecho a saber todo lo que no suponga algo contra la dignidad de una persona. Cuando se confrontan dos derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional debe hacer un esfuerzo para saber cuál de los dos prima.

La sociedad está alarmada por la corrupción en los partidos políticos. ¿Trabaja bien la Justicia?

La ciudadanía debe confiar en el Estado de derecho. Que haya políticos imputados demuestra que todo aquel de quien se sospecha la comisión de un delito, por muy poderoso que sea, va a ser llevado ante la Justicia, y que los jueces, que deben ser libres e independientes, y los abogados, también libres e independientes, harán justicia. Pero también tienen que respaldar los mecanismos de la Constitución para garantizar los derechos y libertades por parte de los que tenemos la responsabilidad de aplicarlos. Y uno de ellos es la defensa con garantías. Porque la Justicia, sin una defensa con todas las garantías, no es justicia, sino venganza.

Por cierto, ¿cree que los jueces tienen derecho a la huelga?

A mi juicio, no lo tienen. La abogacía ha pretendido varias veces hacer una huelga en el turno de oficio y ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que es el que crea la doctrina jurisprudencial. Y este tribunal ha dicho que en la confrontación del artículo 28.2 de la Constitución, que reconoce el derecho a la huelga, y el 24, que establece la tutela judicial efectiva, debe primar el 24, por lo que los abogados de oficio no tienen derecho a la huelga. Yo no quiero ser más que los jueces, pero tampoco menos. Y si los abogados de oficio no tienen derecho a la huelga, los jueces tampoco.