Francisco Camps comunicó a Mariano Rajoy el pasado viernes, nada más conocer que iba a ser procesado como presunto autor de un delito de cohecho impropio, su firme intención de evitar que se celebrase el juicio. El presidente valenciano, pese a insistir en su inocencia y negar que hubiera recibido trajes o cualquier otro regalo de la trama Gürtel, se comprometió con el líder de su partido a llegar a un pacto con la Fiscalía.

Camps, pese al fuerte «sufrimiento personal» que conllevaría su decisión, mostró su disposición a declararse culpable, pagar la multa que exige la Fiscalía y asumir que en su historial figuren antecedentes penales, requisitos básicos para poder cerrar un acuerdo con el Ministerio Público.

Esta estrategia procesal permitiría a Camps evitar la denominada 'pena de banquillo' y, de paso, descargar al PP de la presión que supondría un juicio de varias semanas en octubre, que podría coincidir con la campaña para las elecciones generales si José Luis Rodríguez Zapatero opta por el adelanto electoral. La dirección nacional del PP considera que éste es el mejor punto y final posible para el contencioso de los trajes que, aunque dan por «amortizado electoralmente», supondría un obstáculo innecesario en la carrera de Rajoy hacia la Moncloa.

El líder de la oposición, según fuentes de la dirección del PP, mostró a Camps su apoyo al que garantizó que todo el partido cerraría filas a su alrededor. Ni siquiera planteó al presidente de la Generalitat valenciana la posibilidad de que dimitiera. Rajoy mantiene la misma convicción sobre Camps que antes de los comicios autonómicos del 22 de mayo: «Es una persona honrada que no se vende por tres trajes». «Pero la política es así», explica una fuente de la dirección nacional.

Desde el entorno de Rajoy se transmitió el lunes al PP valenciano que no movería ficha hasta que Camps anunciase de manera formal su decisión. Pero las alarmas saltaron hoy por la tarde en las filas populares cuando la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, tal vez la dirigente popular más cauta en este tipo de situaciones, dejó entrever de forma informal en la cámara, que Rajoy «tiene mucho interés en decisiones que en su momento se comunicarán».

En realidad, la notificación que esperaba la cúpula del PP no era de Rajoy, sino del propio Camps. Cabía la posibilidad de que el presidente valenciano hiciera este martes oficial su determinación.

Pero ha surgido un imponderable que puede echar al traste con este giro urdido por la defensa del presidente valenciano, la línea de defensa de Ricardo Costa, otro de los imputados en el caso de los trajes, podría perjudicar los intereses judiciales del 'president'.No culpable

Para un pacto de conformidad con la Fiscalía es indispensable que los cuatro procesados, Camps, Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, estén de acuerdo en asumir que cometieron un delito. De ellos, Costa es el que lo tiene más fácil para librarse de una condena por cohecho impropio ya que cuando la red Gürtel supuestamente regaló los trajes él no era una «autoridad pública», pues ocupaba cargo de responsabilidad sólo en el PP.

Costa no tienen intención de declararse culpable. Su negativa, a pesar del daño que puede ocasionar a Camps, tiene una explicación jurídica y responde a una estrategia de su defensa: si se declara culpable en el 'caso de los trajes' tendría ya antecedentes penales, que le llevarían directo a la cárcel en caso de que fuese condenado, aunque fuese a menos de dos años, en el sumario de la 'financiación irregular'. En esta segunda causa, Costa aparece como uno de los principales implicados y quizás la persona que más difícil lo tiene para salir indemne.

Tanto el PP de Valencia como el de Madrid intentan convencer a Costa. Incluso podría plantear a la Fiscalía que se reconociese al exsecretario general del PP valenciano y actual diputado autonómico su «colaboración con la justicia» para que actuara como eximente en próximos procesos. Las conversaciones con Costa son tensas, sobre todo porque el exnúmero dos del PP valenciano no guarda buen recuerdo de los dirigentes de Génova que le suspendieron de militancia durante un año, por asegurar que seguía siendo secretario general, cuando la dirección nacional había anunciado su cese.

Si finalmente falla la inculpación, y descartada la dimisión salvo por una decisión «familiar y personal de Camps», sólo quedaría la vía del juicio. Los servicios jurídicos del PP creen que hay muchas posibilidades de que los cuatro salgan absueltos.

Además, también se intentaría esquivar la fotografía del presidente autonómico en el banquillo de los acusados. Francisco Camps es abogado -ya se ha dado de alta en el Colegio de Abogados de Valencia- y, por lo tanto, podría sentarse en la bancada de los letrados defensores.Escaso interés

Fuentes de la dirección, tras coincidir en que éste sería el camino más pedregoso, insten en destacar que el partido no teme que suponga un coste electoral. «Si la imputación no afectó a Camps en las elecciones autonómicas, donde él era el candidato, menos va a afectar a Rajoy», indicaron. Tampoco consideran factible que la tormenta mediática que levante el juicio pueda llegar hasta la campaña electoral. Es más, comentan que fuera de Madrid y Valencia este asunto se sigue «con escaso interés».

Rajoy, a la espera de que esta misma semana se conozca el final de este culebrón, mantiene silencio. Pero todo aquel dirigente popular que tiene un acto púbico en cualquier rincón de España sabe que va a recibir una pregunta sobre Camps. Así le ocurrió al vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons.

«Camps sigue siendo el mismo hoy que la semana pasada», remachó.

Otro que no abre la boca es Camps, callado desde que se conoció el procesamiento, pero que reaparece este miércoles en las Cortes autonómicas y en un acto de la firma Iberdrola en Castellón.