La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplazó este jueves al próximo 5 de febrero el juicio contra el miembro de los GRAPO Fernando Silva Sande ante la incomparecencia en la vista oral de cuatro testigos clave, los únicos que reconocieron al terrorista como uno de los atacantes de un furgón blindado en 1993 que se saldó con la muerte del conductor del vehículo.

La Fiscalía pide contra el acusado una pena de 105 años de prisión por el ataque a un furgón blindado de Prosegur perpetrado en Zaragoza que además de esta muerte, produjo heridas a otros dos trabajadores y dos viandantes. En la acción resultaron también muertos tres miembros de la organización terrorista.

El fiscal Carlos Bautista y el representante de la acusación popular, Juan Carlos Rodríguez Segura, solitaron al presidente del tribunal, Ángel Hurtado, el aplazamiento del juicio hasta que se localice y se cite debidamente a estas cuatro personas, que se encontraban en el escenario de los hechos y reconocieron fotográficamente a Silva Sande como autor del ataque.

Bautista considera que Silva Sande integraba el grupo de atacantes del vehículo junto con el ya condenado por estos hechos Enrique Cuadra Echandía y los terroristas fallecidos Isabel Santamaría del Pino, Pedro Luis Cuadrado y Valentín Benito.

No obstante ante el tribunal, el acusado negó su participación en los hechos y aseguró que no se encontraba en Zaragoza en el momento en que se produjo el ataque. Indicó que después de su fuga de prisión en 1992 huyó a Francia y no regresó a España en ningún momento hasta su detención en 2000.

Explicó además que hacía mucho tiempo que no estaba relacionado con el grupo y no tenía ningún contacto con ninguno de sus miembros.

El fiscal Bautista defendió que Silva Sande y sus compañeros de "comando", que se alojaban de alquiler en Zaragoza, se dirigieron el 7 de abril de 1993 a la calle Madres de la Plaza de Mayo de la ciudad cargados con dos artefactos explosivos, un revólver calibre 38 y una escopeta de cañones recortados.

Cuando el vehículo blindado paró para recoger fondos en unas galerías comerciales, los terroristas se acercaron y, "de forma rápida y sorpresiva sin dar tiempo a los trabajadores de la empresa de seguridad a darse cuenta de lo que acontecía", colocaron una de las bombas en los bajos del vehículo y el otra en la puerta de acceso al compartimento en el que se guardaba el dinero. La explosión causó la muerte del conductor del furgón y de tres terroristas, quedando heridos otros dos empleados y dos viandantes.

Uno de los testigos que compareció en la vista oral, empleado del establecimiento explicó ante la Sala que después de producirse la explosión la parte delantera del furgón quedó "totalmente destrozada". "Los cuatro cuerpos estaban tirados en el suelo", indicó y añadió que la escena era "dantesca".

Diez días más tarde Silva Sande "perdió el dinero sustraído" --más de 400.000 euros-- en un enfrentamiento con la policía" sucedido en la estación del Norte de Barcelona, junto con un revolver y una pistola, un temporizador y material explosivo.

Considera el fiscal que los hechos constituyen un delito de robo por homicidio (por el que se solicitan para Silva Sande 30 años de prisión), dos delitos de asesinato en grado de tentativa (26 años de cárcel por cada uno de ellos) dos delitos de lesiones (seis años) y un delito de tenencia de explosivos (10 años de cárcel).

Solicita también que el terrorista indemnice a los herederos del conductor asesinado y a los heridos y que se le prohíba volver a Zaragoza o al lugar de domicilio de las víctimas durante los cinco años que sucedan al cumplimiento en prisión por estos hechos.