Amnistía Internacional denuncia que la tortura es una práctica "constante" y "extendida" en España

Amnistía Internacional (AI) cree que "España ha fracasado" en su promesa de llevar a la práctica la Declaración Universal de los Derechos Humanos por su forma de conducir sus políticas interior y exterior. En la presentación de su informe anual, publicado este miércoles en todo el mundo, la presidenta de la sección española de este organismo, Itziar Ruiz-Giménez, denunció que la tortura "no es sistemática, pero es una práctica constante y extendida en todo el territorio" español y acusó a las autoridades de amparar "la impunidad" al no hacer todo lo posible por aclarar los casos denunciados.

En su informe, que este año coincide con la conmemoración del 60º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, AI documenta, país a país, las prácticas que considera "motivo de preocupación" y destaca los casos de personas concretas que han padecido prácticas cuando menos sospechosas. La denuncia de Amnistía se produce una semana después de la aprobación por el Parlamento vasco de una resolución en la que acusa al Gobierno central de no tomar medidas para evitar el maltrato a los detenidos, iniciativa que provocó el rechazo de los principales partidos.

Amnistía destaca que en España, entre enero y diciembre de 2007, los informes sobre torturas "por agentes encargados de hacer cumplir la ley seguían estando extendidos". Esta organización, que para preservar su imparcialidad no percibe fondos ni donaciones de ningún gobierno o partido, asegura que "ni los organismos a los que pertenecían los agentes (denunciados) ni las autoridades judiciales investigaron tales casos con arreglo a las normas internacionales, lo que en la práctica dio lugar a situaciones de impunidad".

Terrorismo

Como ejemplos, AI señala las denuncias de tortura presentadas en 2007 por personas detenidas un año antes por cargos relacionados con el terrorismo de ETA. Durante la investigación, detalla el informe, algunas de ellas contaron al juez de instrucción "que habían sufrido torturas y otros malos tratos a manos de agentes de la Guardia Civil mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación". Pese a la promesa gubernamental de aclarar lo sucedido, AI denuncia que "al final del año no se tenía conocimiento de que se hubiera realizado una investigación criminal sobre tales denuncias".

AI destaca también la levedad de las penas impuestas en abril de 2007 a tres guardias civiles que fueron declarados culpables de la muerte, en el cuartel de Roquetas de Mar, del agricultor Juan Martínez Galdeano, ocurrida en 2005 durante una pelea con varios agentes. El oficial al mando, José Manuel Rivas, fue condenado "por un delito de atentado no grave contra la integridad moral del fallecido y una falta de lesiones" a 15 meses de cárcel y tres años de inhabilitación. Cinco agentes fueron absueltos, decisión que está pendiente de recurso de la acusación.

Amenazas

La presidenta de la sección española de AI lamentó que en España "persiste cierta negativa a reconocer los casos de tortura y afrontarlos de una manera decidida". Itziar Ruiz-Giménez, que también denunció la última "campaña de amenazas y atentados" de ETA, resaltó que a veces quienes denuncian malos tratos deben afrontar "obstáculos" que dificultan la investigación, entre los que citó "informes médicos incompletos", "intimidación" y "amenazas" de las fuerzas del orden. Algunos inmigrantes, aseguró, fueron amenazados con la expulsión si daban a conocer las vejaciones sufridas.

Amnistía considera la tortura una práctica "inaceptable en cualquier caso". Admite que ha habido "avances importantes" en el último año, como la decisión de instalar cámaras que graben la estancia de los detenidos en dependencias policiales, iniciativa que las fuerzas de seguridad aún no han puesto en práctica. Todavía falta, a su parecer, "un mecanismo independiente de investigación" que aclare si las denuncias de maltrato son reales.

El informe también deja a España en mal lugar en lo relativo al trato dispensado a los inmigrantes. Según AI, en 2007 hubo "abusos" durante los procedimientos de expulsión de extranjeros en situación irregular y las autoridades "conculcaron los derechos" de "muchas" personas recluidas en centros de internamiento, cuyo acceso al procedimiento de concesión de asilo no se adecuó a las normas internacionales. AI también suspende a España por su "complicidad" en el caso de los llamados "vuelos de la CIA" y por no proteger debidamente a las mujeres víctimas de violencia de género.