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INMIGRACIÓN

Al tajo, por fin, como uno más

Los ciudadanos rumanos y búlgaros residentes en España pueden, desde principios de año, trabajar por cuenta ajena con libertad, después de que el Gobierno levantara la moratoria que se lo impedía. La crisis que atenaza el país no les pone, sin embargo, las cosas fáciles.

Rumanía y Bulgaria son miembros de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007. Los nacionales de estos países, sin embargo, han sido considerados 'ciudadanos de segunda' debido a la prohibición de algunos países de la Unión, entre ellos España, de trabajar por cuenta ajena en sus territorios. En 2008, la Comisión Europea animó a los Estados a levantar esta moratoria, aduciendo que "la movilidad transfronteriza de la mano de obra tiende a autorregularse, disminuyendo en épocas de ralentización económica". España hizo caso y, desde el pasado día 1, rumanos y búlgaros son ciudadanos de pleno derecho en nuestro país.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, admitió que prorrogar la moratoria, legalmente extendible hasta 2012, "no tenía sentido". Pero, tras dos años en vigor, cabe preguntarse: ¿alguna vez lo tuvo?

"La moratoria tenía su razón de ser porque la diferencia de renta era muy importante entre esos países y España y, con la libre circulación de ciudadanos, podía haber un deterioro de las condiciones laborales en aquellos puestos ocupados por inmigrantes", explica Antonio Ranera, responsable de Migraciones de UGT en Aragón, comunidad en la que hay contabilizados legalmente 62.188 rumanos y 6.172 búlgaros.

A su juicio, nunca ha habido excesivos problemas legales para que un empresario pudiera contratar a un inmigrante rumano o búlgaro. "Lo que nos preocupa a nivel sindical es que haya inspecciones de Trabajo que vigilen para que esta libertad para contratar por cuenta ajena se traduzca ahora en altas en la Seguridad Social y plenas garantías para el trabajador", explica.

Economía sumergida

Precisamente, el mantenimiento de la moratoria ha favorecido la economía sumergida, lo que implica entre otras cosas que muchos trabajadores rumanos y búlgaros no hayan cotizado a la Seguridad Social ni pagado impuestos. Pero más que un quebranto para las arcas públicas y una merma de los derechos y prestaciones de estos trabajadores, ha pesado más en la decisión del Ejecutivo español otro tipo de argumento más coyuntural: la expectativa de que en la situación en que se encuentran Rumanía y Bulgaria, inmersas en un crecimiento económico importante, así como la actual crisis en la economía española, cambien a medio plazo la dirección del flujo migratorio y se produzca un retorno masivo.

"¿Volver?", se extraña el rumano Dorín Pitorac, secretario de Política Social de la Federación de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras en Aragón. Explica que, en España, los inmigrantes no solo buscan ganar dinero, "sino la cobertura social. Los salarios en nuestros países no dan para nada, y encima no tienes las prestaciones sanitarias o educativas de las que disponen aquí. ¿Para qué volver, entonces?"

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