Despliega el menú
Nacional
Suscríbete

EDUCACIÓN

Aguirre abre la vía para convertir a los profesores en "autoridad pública"

Esperanza Aguirre ha abierto la vía para convertir a los profesores en agentes de la autoridad. Agredir a un docente en la Comunidad de Madrid podría conllevar pena de cárcel, al ser considerado un "atentado contra la autoridad". Será así de prosperar su iniciativa para convertir "a todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria" en "autoridad pública" mediante la denominada 'Ley de Autoridad del Profesor' cuyo mero anuncio generó una viva polémica y sembró la división entre profesores y padres. Mientras que la oposición popular y algunos sindicatos de docentes y asociaciones respaldan una iniciativa de la presidenta que los profesores tenían como "una vieja reivindicación", la Confederación Española de Asociaciones de de Padres (CEAPA) consideró "inaceptable" otorgar la condición legal de autoridad pública al profesorado. El titular de Educación, Ángel Gabilondo, apeló a la calma y propuso que una medida de ese calado debería ser discutida "con mucho cuidado" y el marco del Pacto de Estado por la Educación que reivindica.

La 'Ley de Autoridad del Profesor' fue la propuesta más llamativa de la presidenta del Madrid durante su discurso en el Debate del Estado de la Región. Una alocución en la que Aguirre hizo una encendida defensa de los profesores, para los que reivindicó una "autoridad que se les ha usurpado". Quiere Esperanza Aguirre que recuperen esa autoridad y la apliquen en escuelas, colegios e institutos para desempeñar la "importantísima labor" que desempeñan. Entiende la presidenta que la autoridad del profesor "no está al mismo nivel que la de los niños y necesita el respaldo moral del Gobierno".

El proyecto de Ley que defendió Aguirre, que será remitido en las próximas semanas a la cámara regional para su debate, reconoce al funcionariado docente el rango de "autoridad pública", el mismo que tienen los jueces, policías que estén prestando servicio, los pilotos y marinos al mando de aviones y navíos y los inspectores de sanidad y educación, a quienes les dota de una "protección jurídica especial".

Considera además como "graves" las faltas cometidas contra los profesores, unas agresiones verbales o físicas que proliferan en aulas y escuela y ante las se sienten desamparados. Por lo común acaban en una multa pero en el futuro podrían acarrear una pena de cárcel para alumnos y padres agresores.

El Código Penal tipifica en sus artículos 550 a 553 los "atentados" contra la autoridad en los que estarían incluidos los funcionarios docentes con esta nueva Ley, y determina penas de prisión de uno a cuatro años de cárcel y multas de tres a seis meses a "toda persona que agreda, emplee al fuerza, se resista gravemente o intimide a una autoridad pública".

Además los delitos cometidos contra los docentes podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía. Esto eximiría al profesor agredido de ser el agente principal de la denuncia.

En su redacción actual, la Ley deja fuera a los profesores que ejerzan en al ámbito privado, ya que al no pertenecer a la función pública no podrían recibir el mismo tratamiento penal.

Presunción de veracidad

Al otorgar al profesor la condición de "autoridad pública" se reconoce también la presunción de veracidad, lo que dota de más valor a la palabra de un maestro frente a de cualquier ciudadano en un caso de que se den versiones contradictorias ante un litigio por agresión.

Aguirre defendió su propuesta ante la Asamblea de Madrid este martes, afirmando que "educar es enseñar a los jóvenes a comportarse de forma civilizada, respetando a las instituciones, a sus mayores y teniendo como límite la libertad del otro". Aquí radica, según Aguirre, "la mejor prevención contra el vandalismo, la violencia y el trato abusivo contra los más débiles" ya que según planteó "no puede haber libertad sin reglas".

Su propuesta no convence a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) que considera "inaceptable otorgar la condición legal de autoridad pública al profesorado", y tilda de "despropósito total y absoluto" la propuesta. "La autoridad del profesor en la escuela, como la de los padres y madres en casa, no se impone por decreto: se gana con el trabajo y el ejemplo del día a día" plantean. "El profesorado no debe desarrollar su trabajo con métodos trasnochados, fundamentados en el autoritarismo y el miedo del alumnado, que han demostrado ser totalmente ineficaces para mejorar la convivencia escolar", concluyen.

Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), sí se aplaude el anuncio de Aguirre afirmado que "todo lo que refuerce la autoridad y el respeto hacia los docentes es positivo". También COFAPA ve en la iniciativa "un paso más" para recuperar el prestigio de la docencia, "cuya pérdida repercute en el rendimiento académico y la su autoridad del profesor en el aula".

Etiquetas