El futuro judicial de Begoña Gómez no se aclarará a corto plazo pese al recurso inmediato de la Fiscalía

Pocas veces la Fiscalía Provincial de Madrid ha reaccionado con semejante velocidad para presentar un escrito. El Ministerio Público tardó menos de 24 horas en estudiar el caso, preparar un informe y presentar el recurso de apelación reclamando a la Audiencia de Madrid que desautorice la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir unas diligencias previas sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez a petición de Manos Limpias.

A pesar de que el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid abrió la investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios el 16 abril, el magistrado, en un gesto poco habitual, se demoró en notificar al fiscal una decisión de este calado hasta las 14.30 del pasado miércoles, cuando la apertura de diligencias ya era pública. La respuesta de la Fiscalía, pese a la maniobra del instructor, fue inmediata, con una celeridad de la que nadie recuerda precedentes en los juzgados de Plaza de Castilla.

Sin embargo, esas prisas del Ministerio Público no van a tener efecto alguno en la Audiencia Provincial y el futuro judicial de la mujer de Pedro Sánchez seguirá sin aclararse a corto plazo, según coinciden todas las fuentes consultadas en los tribunales madrileños. Y es que en circunstancias normales, la resolución de un recurso directo de apelación ante la Audiencia en el que no hay una persona presa -que siempre se considera un expediente prioritario- suele demorarse siempre más allá de un mes y medio.

Si el departamento que dirige Álvaro García Ortiz hubiera optado por un recurso común ante el propio instructor, los plazos hubieran sido mucho más cortos, pero las posibilidades de que el juez no se rectificara a sí mismo eran muchísimo más elevadas.

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Proceso sin plazos

Puentear al juez con un recurso de apelación directo implica un proceso más tortuoso en el que la Fiscalía no controla, ni mucho menos, los ritmos y en el que no hay plazos predeterminados. El primer escollo para conseguir un hipotético cierre exprés de la investigación es que es el propio juez el que debe elevar a la sala el recurso cuando así lo decida.

La apelación pasará en ese momento a reparto en un trámite que puede durar varios días. Entonces se fijará qué sección de las quince de Penal de la Audiencia Provincial de Madrid se hará cargo del recurso. Luego, en un proceso que tampoco es automático, hay que decidir qué tres jueces de los seis que componen esa sección analizarán la petición de la Fiscalía de cerrar la investigación sobre Begoña Gómez.

A partir de ese momento se dará traslado a las partes del recurso, incluido el propio juez, para que hagan las alegaciones pertinentes por escrito. Solo entonces, se fijará una fecha para "deliberación y fallo" sobre la petición de dar carpetazo a las diligencias.

Hasta entonces, el magistrado Juan Carlos Peinado puede seguir instruyendo la causa contra la esposa de Pedro Sánchez con total normalidad, ya que el recurso no tiene carácter suspensivo.

En Plaza de Castilla recuerdan que el instructor no tienen ningún impedimento legal para mantener los interrogatorios de los dos primeros testigos (periodistas) que ya ha citado para este mes de mayo e, incluso, llamar como investigada (imputada) a Begoña Gómez, si así lo cree conveniente.

Peinado -explicaron estas mismas fuentes judiciales- tampoco tendría ninguna limitación mientras se resuelve el recurso de la Fiscalía para admitir a trámite la querella que este viernes la organización ultraconservadora Hazte Oír presentó en su juzgado contra la mujer del presidente también por tráfico de influencias.