Las órdenes de suspensión de visitas a padres maltratadores se estancan

El paso de gigante que vivieron los juzgados españoles a partir del verano de 2021, cuando una reforma legal disparó durante año y medio las suspensiones del régimen de visitas a padres maltratadores, se ha frenado. El aumento constante y acelerado del uso por los jueces de esta medida cautelar clave, que busca poner a salvo a los menores y evitar casos de violencia de género extrema, como la ola de crímenes vicarios vivida en lo que va de año, se estancó el año pasado. Los magistrados dictaron incluso menos suspensiones de contacto con el padre violento que el año precedente y se quedaron muy lejos del deseo buscado por el legislador con su reforma: que la medida fuese regla general en todos los procesos por violencia de género con hijos.

El punto de inflexión se dio en junio de 2021, cuando entró en vigor la reforma que indica que, cuando hay indicios de que los menores viven directa o indirectamente inmersos en este ambiente de violencia, el juez debe suspender el régimen de visitas para cortar el contacto de riesgo con el supuesto agresor mientras dura la investigación judicial. Además debe convertir la medida en permanente y ordenar la retirada de la patria potestad en caso de condena. La disposición fue completada un año después por la ley del 'solo sí es sí'.

Ese verano, el de hace tres años, los jueces españoles pasaron de prácticamente no aplicar la suspensión de visitas en procesos de violencia machista (847 órdenes en todo 2020) a tenerla muy en cuenta. En el segundo semestre de 2021 los tribunales duplicaron el número de las cautelares acordadas y en 2022 se cuadruplicaron los casos de congelación temporal del régimen de visitas de investigados por violencia de género. Si 2021 había terminado con 2.008 suspensiones de visitas, en los doce meses siguientes se llegó a dictar 4.111. En paralelo a estas órdenes, y con igual objetivo, se duplicaron las suspensiones temporales por los jueces de la guardia y custodia de los padres maltratadores. De las 1.134 de 2020 a las 2.346 de dos años después.

Pero la dinámica al alza se estancó el año pasado, con 4.026 suspensiones de visitas, 85 menos que un año antes. El aumento de órdenes se frenó pese a que se está muy lejos de su uso general. Los jueces solo cortaron los contactos paternos en 2023 en el 13% de las 30.000 órdenes de protección dictadas por violencia de género, muy lejos del número de procesos en que hay menores. Más de las mitad de las 44.000 mujeres con algún grado de protección policial tienen hijos a cargo y, de hecho, el sistema VioGén considera que hasta en 10.000 casos sus hijos sufren niveles de riesgo de medio a extremo.

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Este es el motivo de que oenegés como Save the Children reclamasen en el pleno del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer que, con independencia de las mejoras posibles, se empiece por cumplir la ley en todos los casos y que los jueces suspendan la custodia compartida y el régimen de visitas de los padres investigados por maltrato. Que se ejecute la máxima de que "el maltratador nunca puede ser un buen padre".

Este consejo asesor del Gobierno, que debe analizar la situación de la violencia de género y proponer medidas para aumentar la eficacia en esta lucha, se reunió hoy de forma extraordinaria en la Moncloa, por primera vez bajo la presidencia de Pedro Sánchez. Lo hizo ante el estado de alarma social generado por los siete asesinatos de menores a manos de sus padres registrados este año, la mayor cantidad de crímenes vicarios en poco más de un trimestre ocurridos en España.

El pleno, en el que intervinieron medio centenar de representantes institucionales y sociales, no adoptó acuerdo alguno, más allá del compromiso de Sánchez de luchar "sin descanso" contra la violencia de género, pero el Gobierno sí se comprometió a impulsar algunas mejoras.

La ministra de Igualdad avanzó que el viernes se reunirá con las unidades de coordinación contra esta lacra de cada Delegación del Gobierno para testar problemas y necesidades; apostó por incrementar la formación específica de jueces y fiscales para solucionar las "fallas" detectadas y para que sean más "proactivos" y se comprometió a cumplir lo antes posible la obligación de que haya unidades de valoración forense en todos juzgados (claves para detectar y hacer ver a los tribunales el riesgo de los menores).