El Gobierno retoma la reforma de la Ley del Suelo para dar seguridad jurídica al urbanismo
El objetivo es aportar al ámbito de la planificación territorial y urbanística un conjunto de medidas que refuercen la estabilidad de estos instrumentos y la seguridad jurídica.
El Consejo de Ministros ha aprobado el texto para modificar la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana de cara a su tramitación en las Cortes Generales tras haber decaído en la anterior legislatura, una reforma con la que se busca dar seguridad jurídica, estabilidad y certeza a los planes urbanísticos.
Mediante el texto aprobado este martes el Ejecutivo busca evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Voluntad de consenso pese al rechazo de Podemos
Con esta reactivación, que ya avanzó la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, a comienzos de año, el Ejecutivo reaviva el anteproyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de diciembre de 2022 pero que no llegó a comenzar su tramitación parlamentaria por la convocatoria de elecciones generales.
La titular de Vivienda espera contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para sacar adelante este anteproyecto de ley, que ayudará a promover actuaciones de rehabilitación y construcción contribuyendo a los objetivos del Plan de Recuperación.
Tras las oposición mostrada por Podemos, que asegura que esta reforma es similar a la que intentó aprobar el gobierno de Mariano Rajoy y que da vía libre a la cultura del "pelotazo" y a la especulación de los fondos buitres, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha asegurado que hay voluntad de lograr un amplio consenso en el Congreso para sacarla adelante y que la primera percepción es que la mayoría de los grupos tienen vocación de aprobarla.
Qué se busca con estos cambios
Con esta reforma, que Vivienda ha recalcado que ha sido ampliamente demandada por las comunidades autónomas y ayuntamientos, se busca resolver un problema de seguridad jurídica en el planeamiento territorial y urbanístico español, así como avanzar en la simplificación y agilidad de los procesos.
El objetivo de esta reforma es aportar al ámbito de la planificación territorial y urbanística un conjunto de medidas que refuercen la estabilidad de estos instrumentos y la seguridad jurídica.
Las razones que motivan la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ha explicado el Ministerio, son esencialmente las particularidades del planeamiento de ordenación territorial y urbanística.
En este sentido, se pone especial atención a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de acciones y a la identificación de los posibles vicios que pudieran comportar su declaración de ilegalidad, todos ellos aspectos de competencia exclusiva del Estado.
La FEMP y los promotores aplauden la medida
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) su vicepresidenta primera y alcaldesa de La Coruña, la socialista Inés Rey, ha señalado que con la modificación de la Ley del Suelo se da respuesta a una petición unánime de la federación para dar mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de tramitar los planes urbanísticos y que por meros defectos formales estos no se queden paralizados.
A este respecto, ha agregado que es una reivindicación que se tenía desde los ayuntamientos a la que hoy se da respuesta y además se adoptan medidas que garanticen las inversiones pendientes dentro del Plan de Recuperación.
La patronal de promotores y constructores de España, APCEspaña, también ha valorado esta medida, ya que supone un paso importante para garantizar la seguridad jurídica en el urbanismo y hacer frente a la falta de oferta de vivienda y las dificultades de accesibilidad con un desarrollo y gestión del suelo más eficaz y con mayor seguridad jurídica.
Según sus datos en la actualidad hay casi un centenar de municipios, en los que se concentran casi 4 millones de personas, afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos.
