El TSJC confirma la fianza de 17.250 euros a Puig y Vila por el caso de los bienes de Sijena
En un auto, la sala civil y penal del TSJC desestima el recurso presentado por la defensa de Puig, que argumentaba que la sala no puede imponer una fianza de oficio.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la fianza de 17.250 euros que impuso a los exconsellers de Cultura Lluís Puig, huido de la justicia española, y a Santi Vila, en la causa abierta por desoír la orden judicial para que devolvieran las obras de Sijena.
En un auto, la sala civil y penal del TSJC desestima el recurso presentado por la defensa de Puig, que argumentaba que la sala no puede imponer una fianza de oficio sin que lo hayan hecho las acusaciones personadas en el caso.
El tribunal sostiene que está entre sus funciones fijar la fianza a los encausados en la fase de instrucción del caso, dado que esa suma está orientada a cubrir el "posible menoscabo derivado de la infracción penal" ya que, de otra forma, no se podrían ejecutar los embargos previstos en la ley.
El TSJC fijó la fianza en el auto en el que dictó la apertura de juicio contra los exconsellers de Cultura por un delito de desobediencia -y también de usurpación de funciones judiciales en el caso de Vila-, acusados de desoír la orden judicial para que devolvieran al Monasterio de Sijena (Huesca) obras de arte depositadas en el Museo de Lérida.
En ese auto, les imponía una fianza de 17.250 euros a cada uno para cubrir eventuales indemnizaciones a la Diputación de Aragón por el traslado de los bienes, finalmente llevado a cabo en diciembre de 2017.
En su resolución, el alto tribunal catalán se declaraba competente para juzgar a Puig, por su condición de aforado como diputado de Junts en el Parlament, mientras que a Santi Vila, que fue conseller en el Govern de Carles Puigdemont aunque dimitió un día antes de la DUI, lo juzgará un juzgado de lo penal de Barcelona.
Puig es uno de los consellers que, junto a Puigdemont, huyó de la justicia española tras el referéndum unilateral del 1-O y, como él, está acusado de un delito de malversación por el desvío de fondos para el procés.
La Fiscalía pide sendas condenas de 11 meses de multa a razón de 18 euros diarios (5.940 euros), así como dos años de inhabilitación, para ambos exconsellers, a quienes acusa de un delito de desobediencia, mientras que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, acusación particular en la causa, suma otro de usurpación de funciones judiciales a Vila, por el que solicita 11 meses de cárcel.
