Junts pide que los procesados por terrorismo puedan mantener el cargo público

Cerrada la posibilidad de introducir más cambios en la ley de amnistía, Junts ha registrado en el Congreso una enmienda a otro proyecto para reformar la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) y que se pueda mantener un cargo público cuando se dicte auto de procesamiento firme por terrorismo que implique ingreso en prisión.

Es una de sus enmiendas al denominado decreto ley 'omnibus', que se tramita como proyecto de ley, con las que también propone eliminar de la ley de enjuiciamiento civil el artículo que prevé la suspensión de los procedimientos cuando un juez plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, punto que acordó en enero con el PSOE.

Junts ha decidido mantener algunas de sus reivindicaciones durante la tramitación de la ley de amnistía e incluirlas como enmiendas en el "proyecto de ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", una norma que aprobó el Gobierno como decreto y que recoge reformas en materia de justicia, de función pública, régimen local y mecenazgo.

En su argumentación para derogar el artículo 384 de la Lecrim, que prevé la suspensión de los cargos públicos para los procesados en firme por actividades de bandas armadas o terrorismo, Junts recuerda que ese artículo nació en un momento histórico determinado, pensando en una banda armada que actúa para sembrar el terror y socavar los cimientos de la democracia.

Ahora, afirman, es una norma "obsoleta" que ha sido "torticeramente utilizada para impedir el legítimo ejercicio de los derechos políticos de quienes simplemente profesan determinadas ideologías que no son del agrado de los sectores dominantes en las más altas instancias del Poder Judicial"

Junts recuerda además dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión de Venecia, que piden cautela a la hora de suspender un cargo electo.

Con otra de sus enmiendas, que también ha registrado el PNV, Junts plantea eliminar el nuevo artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil, que dice que cuando un juez plantee una cuestión prejudicial a la justicia europea para aclarar la aplicación del derecho comunitario el proceso quedará en suspenso hasta que se reciba respuesta.

Junts cree que ese artículo puede hacer peligrar la aplicación de la ley de amnistía y, cuando el decreto llegó al pleno para su convalidación, los socialistas accedieron a borrarlo para poder sacar adelante la norma, que dependía del voto de sus aliados catalanes.

El grupo sostiene en su enmienda que la suspensión sin plazo fijo o por tiempos muy largos de los procedimientos puede resultar "altamente perjudicial" para los afectados.

El PNV plantea eliminar ese artículo al considerar que no es necesario.

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