La mayoría conservadora del CGPJ pretende reprobar este lunes a Armengol en un pulso inédito

El Consejo General del Poder Judicial reúne este lunes por la tarde a sus actuales 16 integrantes en un pleno extraordinario que, esta vez, abre la puerta a un hecho insólito, otro más en una legislatura condicionada por la promoción de la ley de amnistía y, derivadas de ella, las comisiones parlamentarias sobre el 'lawfare', la supuesta guerra sucia del Estado de derecho español contra el independentismo catalán. La mayoría conservadora ha forzado la sesión plenaria para que el órgano de gobierno de la Judicatura ponga pie en pared ante el señalamiento por los socios del presidente Sánchez, el pasado martes en el Congreso, de los magistrados que intentan poner coto a la exculpación, singularmente, de Carles Puigdemont, pero con una salvedad sin precedentes: el pronunciamiento que se busca pretende reprobar a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, por su «aquiescencia y mutismo» ante la catarata de críticas a los jueces.

Así reza la petición del cónclave extraordinario, con un único punto en el orden del día, trasladada el miércoles al presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, por los nueve vocales adscritos al bloque conservador: José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Francisco Gerardo Martínez, José María Macías, Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea. A la espera de conocer el contenido más amplio del requerimiento de este sector del CGPJ -fuentes del órgano auguran que, ante la constatación de que el texto no se ha distribuido estos días, habrá un debate previo sobre si en estas condiciones cabe afrontar el pronunciamiento solicitado-, los promotores del pleno aportan informaciones periodísticas en las que se recogen las acusaciones vertidas por los portavoces de Junts, ERC, Bildu, Sumar y Podemos contra la Judicatura. Más en concreto, contra los magistrados Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre por sus investigaciones sobre Carles Puigdemont por presunto terrorismo y alta traición al Estado.

Míriam Nogueras, lugarteniente del expresident en la Cámara baja, llegó a atribuirles un delito, el de prevaricar, minutos antes de que su grupo enviara la legislatura a un incierto alero al rechazar la ley de amnistía tal y como está al considerar insuficiente su blindaje. Ninguno de los cargos a los que se refiere la iniciativa de los vocales conservadores del Consejo recibió admonición alguna por parte de la presidencia que ostenta Francina Armengol, aunque al término del agrio pleno en el hemiciclo, cuando ya era irreversible el 'no' de Junts y en puertas de la reunión en Bruselas con el PP para renovar precisamente el CGPJ con mediación europea, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, salió al paso del cuestionamiento de la Magistratura efectuado por los aliados independentistas y de izquierdas. En medio, la representante de Vox, Pepa Millán había protestado de viva voz, en vano.

Enconamiento

La reunión de esta tarde determinará hasta dónde llega el pronunciamiento ambicionado y con qué apoyo, en un CGPJ dividido entre conservadores y progresistas y cuyo crédito es puesto en cuestión al llevar ya más de un lustro en interinidad por el cisma PSOE-PP. Pero ocurra lo que ocurra, el solo hecho de que la propuesta de los impulsores del pleno extraordinario traslade su malestar por la falta de respuesta de Armengol da la medida del grado de enconamiento al que está llegando la colisión entre poderes del Estado por la gestión de la amnistía; «Déjennos en paz», ha llegado a proferir Guilarte, interlocutor de Bolaños. El presidente del Consejo y el del Supremo, Francisco Marín Castán, ya condenaron otra andanada contra sus pares lanzada por Nogueras el 12 de diciembre, en el pleno de toma en consideración de la norma. Pero lo de hoy va más allá. Fuentes del ala conservadora confirman su disposición a aplicar su mayoría, en caso de ausencia de una -admiten- «difícil» unanimidad, para reprobar a Armengol por «permitir con su pasividad el ataque sistemático» contra la Magistratura a raíz de los pactos de Sánchez con los independentistas.

El salto cualitativo al que se asoma el CGPJ es notable. Aunque tiene dos precedentes no menores, en los que sí medió un infrecuente consenso de todos sus miembros. Uno, la unanimidad del acuerdo aprobado el 21 de diciembre, en el que el Consejo insta a las Cortes a no convocar a juez alguno a declarar a las comisiones de investigación del 'lawfare' anticipando que el propio Poder Judicial denegará la citación. El segundo, este 19 de enero, fue la reconvención por la comisión permanente de la vicepresidenta Teresa Ribera por cuestionar la imparcialidad de García Castellón en la instrucción del 'caso Tsunami Democràtic'.