El 'caso Tsunami Democràtic', que se ha convertido ya en el 'caso Puigdemont' por la acusación de terrorismo formalizada por el juez Manuel García Castellón contra el expresidente catalán y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, afronta ahora el escalón del Supremo una vez que el instructor de la Audiencia Nacional sostiene que es el tribunal que ha de juzgar los hechos dado que el líder independentista y eurodiputado es aforado (al igual que el miembro del Parlament Rubén Wagensberg). Y ahí, en un contexto marcado por el no de Junts a la ley de amnistía al interpretar que no blinda lo suficiente a los encausados, ha encontrado un primer informe del fiscal que coincide con las tesis de su compañero en el Ministerio Público de la Audiencia: que no hay base para calificar como violencia terrorista los actos violentos atribuidos a Tsunami Democràtic en protesta por la sentencia del 'procés' ni «conexión en la autoría» con Puigdemont.

De este dictamen, anticipado por El Confidencial y que confirmó este periódico en fuentes fiscales, se deduce que el fiscal Álvaro Redondo comparte el criterio de que tanto la calificación penal de los disturbios registrados en el otoño de 2019 en respuesta a la condena de Oriol Junqueras y el resto de dirigentes del 'procés' encarcelados -para él, desórdenes públicos y daños-, como el hecho de que no se haya acreditado la responsabilidad del huido en Waterloo en los mismos, deberían encaminar el sumario a un juzgado ordinario de Barcelona. Una visión que no es vinculante para la Sala de lo Penal del Supremo y que deberá pasar antes por el análisis de la junta de fiscales de la especialidad, que se reunirá mañana por la mañana en el alto tribunal.

En ella se sientan tres de los representantes del Ministerio Público -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena- que sostuvieron la acusación pública contra Junqueras y el resto de condenados. La decisión que acaben adoptando los magistrados de lo Penal -si ven indicios suficientes para enjuiciar a Puigdemont y por delitos tan graves- se perfila como clave cuando la tramitación de la amnistía está de nuevo varada en la comisión de Justicia del Congreso al espera de comprobar si el Gobierno y Junts son capaces de encontrar una vuelta de tuerca que permita avanzar hacia la aprobación de la norma que sostiene la legislatura de Sánchez.

El precedente

El posicionamiento del fiscal Redondo se alinea con lo ya apuntado por su colega en la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo. Este, en su informe conocido la semana pasada, tildaba de «incongruente» y «falta de argumentos» la determinación de Manuel García Castellón -convertido en la bestia negra para el independentismo junto a Joaquín Aguirre, el instructor que vincula al Govern catalán con el Kremlin de Putin- de elevar al Supremo la causa contra Puigdemont y Wagensberg, cargo de ERC.

El tono del pronunciamiento de Carballo resultaba inusualmente duro con García Castellón, quien también había reprochado antes a la Fiscalía su empeño en dejar en desórdenes las expresiones de violencia. El fiscal afeaba esta vez al juez no haber practicado «ninguna diligencia» que aporte «dato nuevo alguno» de los vínculos de Puigdemont con Tsunami Democràtic.