La idea de Pedro Sánchez era tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado, ley clave para que todo Gobierno pueda desarrollar su proyecto, "en el primer trimestre del año". Lo reveló en su primera entrevista en TVE, el 30 de noviembre, poco después de ser investido tras sus arduas y polémicas negociaciones con el independentismo catalán. 

Dos meses, una agónica negociación con Junts para sacar adelante tres reales decretos leyes que consideraba clave y un puñado de modificaciones instigadas por sus socios en la «impecable» ley de amistía después, el Ejecutivo ha asumido que las cosas no serán tan sencillas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya sitúa, de hecho, la remisión de las Cuentas a la Cámara baja, como pronto, en marzo.

Los Presupuestos no son una ley más que se pueda acelerar a voluntad política. Su tramitación -con una primera fase de comparecencias de altos cargos en distintas comisiones- está muy tasada y lleva habitualmente dos meses; por lo que un cálculo optimista invita a pensar que no estarán en vigor antes de mayo. Según fuentes de su entorno, Montero no se quiere arriesgar a dar un paso en falso que le aboque a un nuevo calvario para tratar de garantizarse que el texto pasa al menos el primero de los filtros parlamentarios, el debate de totalidad. Solo se lanzará si tiene claro que ninguno de sus socios, pero singularmente el partido de Carles Puigdemont, el que más temor le inspira, le plantea una enmienda de devolución que, sumada a las seguras del PP y Vox, impediría seguir adelante con las Cuentas y pondría en jaque al Gobierno.

Junts, a su vez, se mueve entre la presión de sus sectores más duros y una clara desconfianza hacia los socialistas, singularmente, hacia el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños, muñidor de la ley de amnistía, al que ya han apodado como "anestesista mayor del reino" en un juego de palabras que hace alusión a las dotes negociadoras demostradas en el pasado y que tan bien le funcionaron, dicen, con ERC, y su función institucional (en calidad de titular de Justicia ejerce como gran fedatario del Estado).

El mensaje que un día tras otro se empeñan en enviar los posconvergentes es que Sánchez se equivoca si cree poder contar con ellos como "socios" o "aliados" y que todo apoyo estará supeditado a "avances" en los compromisos adquiridos en el pacto de investidura. La presidenta de la formación, Laura Borràs, fue nítida este jueves. "La legislatura durará lo que dure la palabra de Pedro Sánchez". También el portavoz del partido, Josep Rius: "Habrá Presupuestos si ambos ejes, el material y el nacional -dijo en referencia a sus exigencias económicas y las identitarias, incluidas la amnistía y el referéndum-, van avanzando paulatinamente".

Tramitación paralela

Si en algún momento el Ejecutivo se planteó volver la oración por pasiva y supeditar la aprobación de la ley de amnistía a tener atados los Presupuestos jugando con una tramitación paralela, ha dejado de hacerlo. Ya no es una opción. La polémica norma será aprobada por el pleno del Congreso, salvo sorpresa mayúscula, este martes, tras seguir la vía de urgencia, y será enviada al Senado donde el PP pretende dilatar su tramitación. Pero incluso contando con el filibusterismo que puedan hacer los populares, la previsión es que regrese a la Cámara baja para su aprobación definitiva a finales de marzo y esté en vigor a principios de abril.

El PSOE no ha querido informar por ahora del último de sus encuentros mensuales con Puigdemont y un mediador internacional en Ginebra, previsto para este final de enero. En el Ministerio de Hacienda aseguran que cada negociación transcurre por un cauce distinto y que las de los Presupuestos están en una fase "muy preliminar".

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Pero la ley de la amnistía no ha dejado de dar quebraderos de cabeza a Bolaños, que cuando el pasado 13 de noviembre, tres días antes de la investidura, compareció en el Congreso para explicar el texto -pactado por Junts y ERC, aunque en el último momento optaran por no firmarlo- daba por sentado que ni siquiera habría enmiendas.

El Gobierno se pasó semanas aseverando que como mucho se aceptaría alguna modificación técnica, pero ha tenido que claudicar con cambios de mayor enjundia. Al ministro le costó explicar, en concreto, este martes, la decisión de enmendar el apartado en el que se excluía de la amnistía a los condenados por terrorismo en sentencia firme para dejar únicamente fuera aquellos casos en los que hubiera existido una "intención directa" de provocar "violaciones graves de los derechos humanos", específicamente, las que impliquen muerte o torturas; un cambio 'ad hoc' para tratar de evitar las posibles interferencias de la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cotra Puigdemont, Marta Rovira o los CDR en la aplicación de la ley pero también, según esgrime el Ejecutivo, para sortear un posible revés del Tribunal Constitucional, que podría haber encontrado discriminatoria la formulación anterior. El mismo martes, el Gobierno daba ya así la norma por "cerrada". Este viernes, en cambio, con Junts y ERC decididos a seguir presionando, Bolaños volvió a abrir una rendija a nuevos retoques.