El juez García Castellón contraataca y acusa a Puigdemont por un delito de terrorismo que no entraría en la amnistía
El magistrado, que insiste en que el expresident estaba en el "vértice más alto" de Tsunami, afirma que las graves lesiones sufridas por dos policías contravienen la Convención de Europea de Derechos Humanos
Manuel García Castellón vuelve a la carga 48 horas después de que el Gobierno pactara con Junts que la amnistía también afectará a los procesos de terrorismo. El juez de la Audiencia Nacional, al que el Gobierno de Pedro Sánchez cuestiona por su interés en acusar a Carles Puigdemont, se reafirmó este jueves en sus imputaciones contra el expresident huido, al que situa en el "vértice más alto" de Tsunami Democràtic, la plataforma que promovió los graves incidentes que el juez considera "terroristas" de otoño de 2019.
Pero el juez va más allá y acusa esta vez expresamente a Puigdemont de encabezar una plataforma que, con sus ataques a dos policías nacionales que resultaron gravemente heridos el 18 de octubre de 2019 cuando miles de radicales respondieron al llamamiento de Tsunami para cercar la sede de la Jefatura Superior de Policía en la ciudad condal, pudo tener un "animo homicida". Y que, por tanto, violó con sus acciones violentas el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Y, precisamente, ese artículo 2 está expresamente excluido de la redacción final que se ha pactado para la ley de amnistía. En ese apartado se especifica que del borrado de las causas se excluyen los delitos terroristas "siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos".
Más allá de esta nueva vuelta de tuerca contra la ley de amnistía, el juez Manuel García Castellón vuelve a cargar con sus acusaciones contra Tsunami y contra Puigdemont. Y lo hace precisamente aprovechando un auto en el que rechaza el recurso de una de las investigadas en esta causa, Marta Molina, contra la personación en el procedimiento de los dos agentes de policía que sufrieron heridas de gravedad en los incidentes ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona.
Molina, con la adhesión de la Fiscalía que se empeñaba en desvincular a Tsunami de aquellas algaradas, alegaba que esos actos no eran imputables a esa plataforma, sino a los comités de defensa de la República (CDR), "por lo que no se podían vincular a la causa en la que se personaron los agentes".
El juez, en su escrito, señala que este argumento "no puede servir para eximir de responsabilidad alguna a Tsunami, como si la presencia de unos desplazase totalmente la responsabilidad de otros".
"Invitado de piedra"
"Tsunami Democràtic no fue invitado de piedra a las movilizaciones que sacudieron diferentes ciudades de Cataluña y que tuvieron como uno de sus escenarios más cruentos los hechos que se desencadenaron en la Vía Laietana y en la Plaza Urquinaona de Barcelona", abunda García Castellón, quien no deja pasar la ocasión para, una vez más, arremeter contra Puigdemont.
"Los indicios apuntan a una participación de Tsunami en los hechos acaecidos aquel día, y resulta en este sentido especialmente llamativa, como indicio incriminador, la conversación mantenida entre Carles Puigdemont , que este instructor sitúa en el vértice más alto de la organización", y el investigado Josep Campmajó", apunta García Castellón. En esa conversación, cuyos metadatos la sitúan entre los días 18 y 19 de octubre de 2019, Puigdemont afirmó "intentamos que el Gobierno se ponga las pilas." A lo que Campmajó respondió: "President. Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado".
En esa línea, abunda el juez, Carles Puigdemont se felicitó por la "imagen exterior" que estaban dando los disturbios de Tsunami, ya que "la opinión generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas". "El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro", apuntaba el ya expresidente. "Con esta aseveración, Puigdemont parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales, y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad", zanja el juez.
Sobre los incidentes concretos en que fueron heridos de gravedad los dos agentes que participaban en el dispositivo para proteger la Jefatura, el magistrado recuerda que Tsunami había anunciado aquel día en las redes sociales la convocatoria a una huelga general, con el siguiente texto: "pensábamos que la sentencia era el final de un movimiento y ha sido su reinicio. Hoy bloqueamos el país para recordar una solución y ejercer nuestros derechos y libertades". El juez explica que fue precisamente bajo la cobertura de esta "huelga" cuando produjeron alteraciones graves de la paz social y del orden público.
El juez subraya la gravedad de las lesiones sufridas por los agentes de policía. En particular, rememora la agresión de uno de los agentes al que el lanzamiento de una piedra o adoquín llegó a reventarle el casco. Aquel impacto le provocó una serie de lesiones que le han inhabilitado para el ejercicio de su profesión".
Añade que la gravedad de esta acción, la repercusión pública que tuvo y el notorio interés mediático que motivó la hospitalización de los agentes lesionados, llevó incluso a que el presidente del Gobierno en funciones en aquel momento, acompañado del ministro del Interior, acudiera a visitarles al hospital donde permanecían ingresados.
