El Gobierno incrementará el mínimo exento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para este año y se aprobará en paralelo a la subida del 5% Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada con los sindicatos. Así lo avanzaron ayer fuentes de Hacienda precisamente poco después de que el PP pidiera hacerlo.

De no actualizar el umbral para aplicar retenciones y el límite de la obligación de declarar, la nueva subida del salario mínimo tendría un impacto en las retenciones de los trabajadores que cobran los salarios más bajos, que pasarán de ingresar 15.120 euros brutos en 2023 a los 15.876 euros en que se situará este año. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ayer que se ampliara el tramo exento en el IRPF en el mismo porcentaje en que se incremente el salario mínimo "para que el Gobierno no se quede con casi la mitad de la subida del SMI". Según los cálculos del PP, de no hacerlo, "el 44% de la subida se la va a quedar el Gobierno vía impuestos en un momento en el que se recauda más que nunca".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que asistía al desayuno de Nueva Economía Fórum protagonizado por Feijóo, apoyó la reclamación del presidente del PP. "Me parece que el salario mínimo interprofesional de nuestro país tiene que estar exento del IRPF", señaló Álvarez.

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Desde el Ministerio de Hacienda afirmaron que el Gobierno siempre que ha subido el SMI ha acompasado la medida con modificaciones en el IRPF para evitar un impacto excesivo en las retenciones. Y aseguran que esta vez no será una excepción. De hecho, en 2023 subieron en la ley de Presupuestos el límite de la obligación de declarar hasta los 15.000 euros, por debajo ligeramente del salario mínimo (15.120 euros anuales) y coincidió con el límite de 15.000 euros de rentas del trabajo por debajo del cual no se realizan retenciones (aunque este umbral que exime de retenciones por IRPF aumenta si se tienen hijos; por ejemplo, hasta los 15.599 euros anuales con un hijo).

Por lo tanto, para este año se puede esperar que el nuevo mínimo exento se sitúe entre 15.500 y 15.800 euros, rozando el SMI anual pero sin superarlo. En todo caso, como explica el secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, aunque se produzcan retenciones el resultado de la declaración del IRPF podría salir a devolver en cuanto se tenga derecho a alguna deducción, como por ejemplo la de alquiler.

De no aumentar el mínimo exento y aplicar la normativa actual, un contribuyente soltero sin hijos que cobra el salario mínimo a jornada completa pasaría de tener una retención anual de 33,3 euros a 320,55 euros, según los cálculos de Gestha. Desde Gestha calculan que el aumento de retención por el incremento del SMI podría afectar a unas 101.700 personas, las cuales serían solteras, sin hijos ni otras cargas familiares o personales.

Hacienda explica que cambiará el limite de las retenciones del IRPF en el mismo Consejo de Ministros que apruebe la subida del SMI y luego cambiará la normativa del IRPF en la ley de Presupuestos, que espera tenga luz verde en el Parlamento en abril.

Nuevo cruce de reproches

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la patronal volvieron a enzarzarse este lunes en un cruce de reproches en torno a la negociación del salario mínimo que tensiona aún más unas relaciones que están en la cuerda floja y que hacen cada vez más complicado alcanzar algún nuevo acuerdo en la mesa del diálogo social. Es más, la CEOE acusó a Díaz de mentir al afirmar la ministra que ellos habían pedido una reunión más la semana pasada "para internar darle la posibilidad de solventar en su Ejecutiva el acuerdo".

"A mí la patronal española me pidió una reunión más para intentar alcanzar este acuerdo (...) Convoqué cuando ya estaba agotado el debate en la mesa. No tenía por qué volver a convocar la mesa y la volví a convocar en aras al intento de alcanzar el acuerdo (...)", señaló la vicepresidenta, algo que fuentes empresariales negaron a este periódico, aclarando que la Junta Directiva ya había autorizado al presidente, Antonio Garamendi, a tomar una decisión sin necesidad de convocarles otra vez.

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El presidente de ATA, Lorenzo Amor, cargó de nuevo contra el Gobierno por "inmiscuirse cada vez más" en las relaciones laborales y defendió que "no tuvieron más remedio que rechazar" la subida del 4% "por la simple razón de que nosotros no vamos a entrar ni en amenazas ni en chantajes y hemos visto en esta negociación del SMI que ya estaba planteado un castigo a las empresas y a los autónomos".

Sin embargo, Díaz se defendió de las críticas de la patronal de que la subida del 5% no estaba basada en criterios técnicos, sino políticos y aseguró que su ministerio siguió los criterios establecidos en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. "Este artículo nos indica claramente cuáles son los parámetros para subir el salario mínimo. Uno, la coyuntura económica del país. Dos, la productividad. Tres, el IPC y otros factores. Y la encuesta trimestral nos está diciendo que los salarios en España están subiendo al 5%. Por tanto, lo coherente es, ya que no hay acuerdo, que los salarios suban a ese 5%", concluyó la ministra.