El Gobierno prepara un plan contra el uso problemático de los móviles en la juventud
La hoja de ruta resultante debe incluir medidas en todas las áreas para garantizar el uso racional y seguro de esta tecnología.
El Gobierno pretende disponer el próximo año de un plan con medidas concretas para evitar o al menos minimizar los problemas y riesgos que, cada vez con más frecuencia, padecen los jóvenes españoles por el uso que hacen de internet y las redes sociales, principalmente a través de unos teléfonos inteligentes que la mayoría de ellos tiene ya desde la preadolescencia.
El ministerio encargado de liderar y coordinar el plan contra el uso problemático de los móviles a edades tempranas será el recién creado de Juventud e Infancia. Su titular, Sira Rego, pretende lograrlo con la puesta en marcha de una hoja de ruta nacional que sea fruto de "un acuerdo intergeneracional de país". Una estrategia de actuación a corto, medio y largo plazo que sea eficaz, pero también pactada.
La base del proyecto es la creación, en los tres primeros meses de 2024, de un grupo de trabajo con cincuenta expertos. Tendrá como misión analizar el problema en todas sus vertientes y dimensiones (familiares, educativas, legales, tecnológicas, de salud), recopilar y sintetizar las investigaciones y aportaciones ya existentes, llegar a un diagnóstico de la situación y realizar una batería de propuestas y medidas concretas para su implementación por quien sea el competente en cada caso, Gobierno, Parlamento, autonomías, colegios, empresas, etcétera. "Es imprescindible que el Gobierno regule y genere un marco nacional que dé protección y seguridad a los jóvenes en su uso del entorno digital", resumió la ministra. Conseguirlo, añadió, es un compromiso "firme" del Ejecutivo.
El ministerio todavía no ha revelado quiénes formarán el grupo de expertos que debe parir a lo largo de 2024 la estrategia nacional, pero sí tiene claro que tendrá que escuchar e integrar la voz y las opiniones sobre este problema de los jóvenes, los más directamente concernidos, por lo que el equipo de análisis podría contar con representantes de organizaciones como el Consejo de la Juventud.
Todo apunta a que, de hecho, el crisol de especialistas será muy variado porque la hoja de ruta perseguida pretende ser un diálogo con todos los afectados y dar soluciones a la mayor parte de las aristas del binomio jóvenes y móviles, desde los controles para impedir el acceso a contenidos inadecuados, como el porno o las apuestas, al uso excesivo, origen de problemas de salud (mentales, visuales, adicciones, insomnio, sedentarismo), el ciberacoso escolar o la violencia de género, comportamientos delictivos como el 'sexting' o el 'grooming' o la falta de conciliación familiar o la soledad, que en ocasiones son detonantes del abuso o el uso incontrolado de la tecnología.
Entre los expertos también se espera a la Agencia Estatal de Protección de Datos, que acaba de diseñar una tecnología que garantiza que los fabricantes de móviles y las empresas de internet, sin afectar a los derechos o la intimidad de los ciudadanos, puedan cumplir sin excusas las limitaciones de uso por tramos de edad de los contenidos digitales que ya exige la ley.
Acciones en paralelo
La titular de Juventud e Infancia prefiere no prejuzgar qué tipo de medidas deberán adoptarse dentro de este plan, aunque indica que no tienen porque ser prohibicionistas. Lo que sí deberían garantizar es que los menores puedan relacionarse de forma segura con el entorno digital, por lo que no descartó la necesidad de hacer regulaciones específicas o incluso reformas legales. La idea central es determinar qué hacer para que los jóvenes puedan usar sus móviles o táblet sin que les causen daños.
Este plan, el que debe salir del trabajo de los expertos, busca solucionar problemas estructurales, de fondo, por lo que no es incompatible con las medidas más urgentes que se puedan tomar en paralelo por otros ministerios o administraciones. Puso como ejemplo el acuerdo que la ministra de Educación pretende lograr en las próximas semanas con las autonomías y las comunidad escolar, para prohibir el uso de móviles en los colegios de primaria y limitarlo al trabajo lectivo en los institutos de secundaria, o los 220 millones de fondos europeos que el Gobierno invertirá en tres años para fomentar el uso seguro de las tecnologías digitales entre casi un millón de niños y jóvenes de familias vulnerables.
