Sumar propone suprimir el delito de injurias al Rey y modificar el enaltecimiento del terrorismo
La coalición que lidera Yolanda Díaz registra su primera proposición de ley de la legislatura para reformar el Código Penal.
Sumar registró este viernes en el Congreso una proposición de ley para suprimir del Código Penal los delitos de injurias a la Corona y al Estado, los de ofensas o ultrajes a la patria y sustituir el de enaltecimiento del terrorismo por un agravante contra vejaciones y humillaciones a las víctimas. La medida, la primera que la coalición de izquierdas presenta en esta legislatura, busca reactivar parte de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que ya decayó hace unos meses en la fase de comisión parlamentaria.
"La medida aspira a la recuperación de libertades públicas y de los derechos civiles", explicó el diputado Enrique Santiago, también secretario general del PCE, durante la presentación de la iniciativa en rueda de prensa en la Cámara baja.
Santiago aseguró que, en el caso de las injurias a la Corona, su eliminación "no genera inseguridad ni indefensión" porque los miembros de la Casa Real estarán protegidos también por los delitos de injurias y calumnias, "al igual que en otros supuestos". La existencia de este delito, señala Sumar, constituye "un verdadero ataque contra la libertad de expresión". "Cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia", argumentan en el texto de la proposición de ley.
El diputado de Sumar considera que esta reforma "evitará condenas a España" por parte de tribunales europeos e internacionales. Como ejemplo más reciente, recordó la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de un sindicalista gallego que en 2014 fue considerado autor de un delito de ultraje a la bandera.
Esta reforma también tiene como objetivo, según señala Santiago, "impedir que los funcionarios públicos limiten en ejercicio de la libertad de expresión en casos como identificaciones colectivas, de personas, en función de características sindicales, de religión o políticas".
Santiago también defendió que debe dejarse sin efecto el delito contra los sentimientos religiosos o escarnio público a las distintas confesiones, por ser "innecesario -prosiguió- al estar las creencias protegidas por distintos artículos como la libertad religiosa y se concilia mejor la crítica civilizada".
