Jueces para la Democracia avisan del peligro de que Vox asuma Justicia en Valencia y Aragón
El partido de Santiago Abascal quiere eliminar los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supondría que las víctimas de violencia machista quedaran desprotegidas ante su agresor durante el proceso judicial.
La llegada de Vox a las consejerías de Justicia en la Comunidad Valenciana y Aragón tras las elecciones autonómicas del 28M preocupa a parte del sector jurídico, que teme por el futuro de los juzgados de violencia sobre la mujer, espacios que el partido de Santiago Abascal quiere eliminar.
Ejecutar esta promesa supondría que las víctimas de violencia machista deberían prestar declaración en juzgados de guardia, perderían la asistencia de psicólogos y trabajadores sociales, y estarían desprotegidas ante su agresor durante el proceso judicial, explica a EFE la coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de Juezas y Jueces por la Democracia, María del Prado Escoda.
"Estos juzgados tienen competencia y preparación específica en materia de violencia de género, lo que les permite tener personal preparado y dedicado exclusivamente a asistir a estas víctimas", explica Escoda, magistrada en la Audiencia Provincial de Tarragona.
Es en el punto 278 de su programa para las elecciones generales del pasado 23J donde Vox señala su objetivo de derogar la ley contra la violencia de género y eliminar los juzgados de violencia sobre la mujer, los cuales define como "tribunales de excepción según el sexo del agresor o la víctima".
Una competencia descentralizada
Si bien los juzgados de violencia de género están amparados por una ley de ámbito estatal, las competencias de Justicia están descentralizadas en varias comunidades autónomas, entre las que se encuentran Aragón y la Comunidad Valenciana, donde el PP ha concedido a Vox las consejerías que gestiona este ámbito tras ganar las elecciones del pasado 28 de mayo.
"En estas regiones los gobiernos autonómicos son los que deciden qué dinero se destina a la creación y mantenimiento de estos juzgados, por lo que la implementación y el desarrollo que se haga de la ley estatal puede diferir dependiendo del ejecutivo", señala Escoda.
La concesión -y aceptación- de Vox de estas consejerías también choca a la jueza, quien recuerda que este partido defiende "devolver la competencia de Justicia al Estado" en su programa.
Un paso atrás en la lucha contra la violencia machista
Escoda teme que la desaparición de la atención personalizada que brindan los juzgados específicos pueda hacer que muchas mujeres se "repiensen" denunciar a sus agresores, es decir, que den un paso atrás y sigan subyugadas al maltrato.
En esta línea, la jueza recuerda la gran cantidad de trabajo a la que los juzgados de guardia se enfrentan a diario, una circunstancia que, junto con la no preparación de estos espacios para la tipología de delito en cuestión, puede causar que la víctima "deba esperar con otras 50 personas, se encuentre con familiares o con el agresor".
"Estas son cuestiones que se abordan mejor en los juzgados de violencia de género porque, por ejemplo, se encargan de que la víctima y el victimario no puedan encontrarse", concreta.
Pasa lo mismo con la atención a los menores involucrados en este tipo de delitos, que en los juzgados de violencia sobre la mujer cuentan con espacios dedicados a ellos, como la cámara Gesell, que les permite declarar en un entorno amigable y natural.
La defensa del término "violencia intrafamiliar"
En su programa electoral, Vox no solo aboga por "eliminar la ley de violencia de género", si no que, en su lugar, apuesta por "promulgar una ley de violencia intrafamiliar".
Esta idea también está presente en el acuerdo que PP y Vox firmaron el pasado junio para conformar el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, un texto de 50 compromisos que no mencionaba la violencia de género, aunque sí abogaba por erradicar "la violencia intrafamiliar".
Englobar todas las violencias que se ejercen contra las mujeres bajo este paraguas es problemático para expertas consultadas por EFE.
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Mientras que por violencia intrafamiliar se entienden los actos de maltrato que se producen entre miembros de la familia, la violencia de género es aquella que se ejerce "como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres", según la Ley de Medidas de Protección integral contra la violencia de género de 2004.
"La violencia de género puede no ser intrafamiliar -la agresión a una exnovia, por ejemplo- y no toda la violencia intrafamiliar es contra las mujeres", resalta Marisa Soleto, jurista y directora de la Fundación Mujeres, quien alerta de que "confundir ambos tipos de violencia lleva a confundir las causas y las necesidades de protección de las víctimas", y a "tomar malas decisiones para el abordaje".
Además, este cambio de término supone un "retroceso discursivo", en palabras de Soleto, quien opina que esta posición puede "dar alas a los que alegan que la violencia de género no existe" y frenar el avance de los derechos de las mujeres, que necesitan de un "clima social favorable" para su correcto desarrollo.
