El independentismo delega en los prófugos del 'procés' la negociación de la investidura
La designación por ERC de Marta Rovira para los contactos constituye el reverso del protagonismo del huido Puigdemont.
Los prófugos del 'procés' tendrán voz y voto en las negociaciones para permitir la investidura de Pedro Sánchez que el independentismo radical condiciona a la amnistía o para desencadenar, en su caso, una nueva repetición electoral. El papel de Carles Puigdemont dentro de Junts está más que definido. Es el líder del sector más duro del secesionismo, cuyo futuro procesal por su imputación por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 pende de un hilo después de que la justicia europea le haya retirado, en primera instancia ya la espera de recurso, la inmunidad parlamentaria.
Pero lo más significativo en este 'impasse' que se ha abierto tras el ajustado resultado del 23 de julio es que Esquerra ha incluido a Marta Rovira dentro de un equipo negociador que, a diferencia de Junts, sí se ha apresurado a conformar. La secretaria general de Esquerra y mano derecha de Oriol Junqueras durante los momentos más críticos del 'procés' fue acusada por el Tribunal Supremo de sedición por su participación en la organización del 1-O y huyó a Suiza un día antes de tener que comparecer ante el juez Pablo Llarena.
No obstante, y a diferencia de Puigdemont, Rovira podría volver a España desde Ginebra sin temor a ser enviada a prisión tras la reforma del Código Penal pactada por el Gobierno de Sánchez con Esquerra que eliminó la sedición. La dirigente republicana solo debe responder ahora por un delito de desobediencia que conlleva una pena de inhabilitación para ejercer cargo público. Las otras prófugas en una situación análoga -Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Anna Gabriel-ya han regresado a España sin tener que pisar la cárcel. Solo Ponsatí ha llegado a ser detenida, mediando además su negativa a comparecer ante el juez, aunque en las dos ocasiones fue puesta en libertad de inmediato.
Sobre Puigdemont pesa aún el delito de malversación por desviar dinero público para la organización del referéndum del 1-O, lo que en caso de finalmente ser entregado por Bélgica a España podría acarrearle de entre seis y doce años de prisión. Su encarcelamiento introduciría un evidente elemento de distorsión en torno a la investidura y también si el Gobierno de Sánchez llega a constituirse bajo la dependencia de Junts y cuando el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado; es decir, podrá devolver al Congreso cada una de las normas que apruebe el Ejecutivo.
Desde los prolegómenos del 23-J la posición de Junts no se ha movido un ápice: amnistía y referéndum de autodeterminación. Ambas posibilidades no tienen encaje en la Constitución y el PSOE ha subrayado que en ningún caso las aceptará. Mientras el presidente del Gobierno en funciones ha optado por enfriar el partido confiando, por una parte, en una investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y, por otra, en que el aterrizaje del escrutinio vaya suavizando las posiciones del soberanismo, Yolanda Díaz ha tratado de fijar ya el protagonismo que quiere para Sumar en las negociaciones con la elección como interlocutor con Junts de Jaume Asens, expresidente del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso y quien renunció a ir en las listas a las generales. Asens, alineado con los comunes que defienden un referéndum pactado, mantiene una relación fluida con Puigdemont.
Las reclamaciones
Tanto Junts como Esquerra meten presión así al PSOE al presentar como interlocutores a huidos de la justicia. A falta de que Junts termine de concretar su equipo negociador, que se da por seguro dependerá de lo que se dicte desde Waterloo, no se ha designado a ninguno de los dirigentes independentistas que salieron de prisión tras el indulto parcial aprobado por el Ejecutivo de Sánchez.
Junts y ERC se han emplazado a conformar un frente común en Madrid aún sin concreción alguna y sin que hayan encauzado su división. A diferencia de sus antiguos socios, los republicanos se cuidaron en campaña de condicionar una eventual investidura de Sánchez a la autodeterminacion y se centraron en reclamar la reactivación de la mesa de diálogo y más competencias. Pero el endiablado escenario que ha dibujado el 23-J, con desgaste en las urnas del conjunto del secesionismo pero con recobrado protagonismo para Junts, siembra interrogantes sobre la posición de Esquerra.
