El CNI destapa una red de espionaje marroquí a ciudadanos saharauis en España
Hace menos de un año se conoció que los servicios secretos habían descubierto otra trama ligada a los consulados en Madrid y Sevilla.
De nuevo el espionaje marroquí. Y de nuevo una sentencia que revela que los servicios secretos del país vecino mantienen una actividad frenética en territorio nacional. Una resolución del pasado 31 de mayo de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional acabar de ratificar la decisión de la Dirección General de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia de denegar en 2019 la nacionalidad española a un ciudadano marroquí por tratarse de un espía dedicado a seguir los movimientos del Frente Polisario en España.
Según la resolución, la Justicia ha denegado conceder la ciudadanía al solicitante por "no haber justificado" una "buena conducta cívica" conforme a lo previsto en el artículo 22.4 del Código Civil, ya en su expediente figura un informe que constata "su colaboración con los servicios de inteligencia marroquíes desde el año 2010, cuando mantuvo contacto con el jefe de los mismos, e informaba de los ámbitos del Frente Polisario y colonia marroquí residente en España".
La Audiencia Nacional confirma que ese informe, cuya autoría no consta expresamente en la sentencia pero que este periódico ha podido constatar que procede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es razón suficiente para rechazar su pretensión de convertirse en español aunque haya residido en el país de forma legal durante 22 años y "sin que haya sido detenido ni en una sola ocasión", ni haya siquiera incurrido en una "sanción administrativa".
El tribunal cree que ese dosier del CNI que revela que es un espía de Rabat frustra el requisito de "integración social, cultural y familiar en España", donde reside junto a su esposa y dos hijos, que ya ostentan la nacionalidad española.
Para la justicia, su colaboración con los servicios de inteligencia del país magrebí deja en papel mojado los informes favorables a la concesión de la nacionalidad que obraban en su expediente, tanto del Ministerio Fiscal, del juez encargado del Registro Civil que entrevistó al interesado, como de la Dirección General de Policía.
Según explicaron este lunes fuentes de la seguridad del Estado, el interés de Rabat sobre los movimientos de la numerosísima colonia saharui en España siempre ha sido "mayúsculo". Ese interés del espionaje marroquí sobre las campañas e iniciativas de ese colectivo y del Frente Polisario ha crecido, aun más si cabe, desde que en marzo de 2022 Pedro Sánchez diera un giro histórico a la política exterior española al reconocer por primera vez, de facto, la soberanía de Rabat sobre la excolonia al avalar el plan marroquí sobre el Sahara, acabando así como meses de crisis bilateral, pero precipitando otro cisma, esta vez con Argelia.
La red de espionaje a ciudadanos del Sáhara no es, ni mucho menos, la única que ha descubierto el CNI recientemente. El espionaje de Rabat, según diversas fuentes, es el principal sospechoso del robo de información con el malware Pegasus de los móviles de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles en 2021.
Pero no solo. Diversas sentencias en los últimos años, similares a la conocida ahora, han revelado la existencia de todo tipo de maniobras del espionaje marroquí, al que los servicios secretos nacionales consideran el segundo más "agresivo" en España, después del ruso. El pasado septiembre la Audiencia Nacional, en otra sentencia sobre nacionalidad, desveló que la existencia de una red de espionaje basada en los consulados marroquíes de Sevilla y Madrid, al menos desde 2016.
En julio de 2013, la Justicia reveló la existencia de una trama establecida en Granada y con "estrecha relación" con el consulado marroquí en Almería, que era desde donde se dirigía esta célula, que también estaba vinculada a agentes de la Dirección General de Vigilancia del Territorio en Tetuán.
En marzo de 2015, el CNI hizo pública la mayor red de espionaje marroquí conocida para conseguir la expulsión de su cabecilla. Ese grupo, radicado en Barcelona y que actuó desde 2000 durante años, según los documentos oficiales, "elaboró numerosos informes periódicos", "favoreció la difusión de ideologías extremistas religiosas" por orden de Rabat y usó "una red de colaboradores y confidentes distribuidos por las cuatro provincias catalanas para (...) manipular las voluntades de los representantes musulmanes en Cataluña".
Otra sentencia de la Audiencia Nacional de enero de 2020 destapó una red que operó entre 2008 y 2016 con base en el Consulado de Marruecos en Las Palmas. Y un fallo de ese mismo tribunal descubrió otra trama que entre 2002 y 2018 trabajó bajo la tapadera de un supuesto desertor del ejército marroquí.
