El Gobierno y sus aliados aceleran la ley de vivienda para aprobarla antes de campaña
Fuentes cercanas a la negociación explican que el PSOE busca cerrar los "últimos flecos", como el tope al alquiler, con Esquerra y EH Bildu.
PSOE y Unidas Podemos acercan posturas para presentarse ante el electorado el próximo 28 de mayo con la ley de vivienda aprobada. Socialistas y morados consideran la cuestión del alquiler como un "revulsivo electoral" para la campaña de las autonómicas y municipales y han acelerado tras Semana Santa las negociaciones de la norma que más se le ha atragantado al Gobierno en esta legislatura, con 866 enmiendas registradas y numerosos escollos en el camino. Fuentes cercanas a las conversaciones explican a este periódico que el desenlace pasa ahora porque Esquerra y EH Bildu, parte activa en esta cuestión, acepten cerrar "los últimos flecos" con los socialistas. En ese caso, Podemos también dará su visto bueno.
Desde el equipo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y por parte del grupo parlamentario de EH Bildu evitan desvelar la letra pequeña, pero explican que "las conversaciones continúan" y que, por ahora, "todo sigue igual". La líder gallega pidió hace un mes una reunión con Pedro Sánchez para zanjar de una vez el desbloqueo de la ley y este jueves socialistas y morados reconocían "avances".
Por ahora nadie quiere dar nada por hecho. No sería la primera vez que se pasa del optimismo a la bronca en este arduo camino que empezó en otoño de 2020, con José Luis Ábalos, entonces como ministro de Transportes, negociando con Ione Belarra, que no era aún ministra, sino secretaria de Estado para la Agenda 2030. Lo cierto es que ambas alas del Gobierno volvieron al trabajo en enero "muy esperanzados" sobre esta cuestión -"se va a aprobar pronto", repetían-, incluso desde Moncloa se solicitó a la presidenta del Congreso, Mertitxell Batet, habilitar el mes de enero para imprimir velocidad a la tramitación de la ley. Sin embargo, las negociaciones se empantanaron, una vez más, por la diferencia en torno al tope a los alquileres en las zonas tensionadas, la clave de bóveda de las discrepancias.
A principios de marzo, cuando el Ministerio de Transportes, del que depende directamente la norma, dio luz verde al borrador, la pelota pasó al Ministerio de Economía, desde donde la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, lanzó una propuesta para elevar los topes al 3% en el caso de la renovación de contratos de alquiler, pero de forma temporal. Un mensaje que cayó como un jarro de agua fría en el sector morado, donde pugnaban por convertir en estructural el tope que actualmente se recoge en la prórroga del decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.
Podemos elevó el tono para presionar al PSOE con la cuestión, insinuando que su relación con el exministro del PSC, Joan Clos, actual presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, actuaba como un freno a la norma. "Pedimos a los socialistas que la aprueben, aunque sea por electoralismo", pronunció la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en un acto del partido dedicado a vivienda y en el que desplegaron un duro mensaje contra su socio.
Se impone la discreción
Ahora, al contrario, las reservas de la también secretaria general de Podemos a expresar estas críticas en público dibujan, al igual que en otras ocasiones, la antesala del acuerdo. Preguntada este jueves por la cuestión, Belarra abogaba por mantener "discreción absoluta" con el objetivo de no entorpecer la recta final de la negociación. Desde el partido morado también aseguran que la "sintonía es total" en esta cuestión con el espacio político que actualmente representa Sumar.
Por parte del PSOE, su secretario de Política Municipal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ya adelantaba este jueves que el acuerdo podría ver la luz en los "próximos días". Prueba de la importancia que los socialistas quieren dar a la vivienda en la campaña es que en su programa marco para las municipales, que presentarán y debatirán este fin de semana en un multitudinario cónclave del partido en Valencia, y en el que incluirán propuestas relativas al alquiler de vivienda social y otras iniciativas destinadas a frenar la proliferación de pisos turísticos y evitar, de este modo, la "expulsión de vecinos" por el encarecimiento de las rentas.
