El Gobierno dedicará 32,7 millones a la formación de aragoneses en 2023
Las comunidades han aprobado el reparto de 867,3 millones,de los presupuestos del Ministerio de Educación y FP, para la formación de trabajadores.
El Ministerio de Educación y FP destinará este año cerca de 980 millones de euros a las comunidades autónomas, de los que Aragón recibirá 3,7, para la formación de trabajadores empleados y desempleados, unos 21 millones más sobre el ejercicio anterior.
El reparto de la cuantía, que deberá ser aprobada antes en Consejo de Ministros, ha sido validada por las autonomías en la Conferencia Sectorial de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, a la que ha seguido la celebración de la Sectorial de Educación.
En ambas reuniones se ha abordado también el proyecto de Real Decreto de Ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional.
Las comunidades han dado luz verde al reparto de 867,3 millones, procedentes de los presupuestos del Ministerio de Educación y FP, para la formación de trabajadores y han aprobado la distribución de 111,5 millones para la cualificación y recualificación -casi un 30% más que en 2022-, provenientes de los fondos europeos (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
Servirán para acciones formativas basadas en módulos de entre 30 y 60 horas de formación referenciada en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Por otra parte, las comunidades han examinado el borrador de Real Decreto de ordenación de FP, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad y responder a la alta demanda de profesionales especializados en el mercado laboral.
Permitirá así la implantación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobada en marzo de 2022.
Durante la reunión, el consejero de Educación de Murcia, Víctor Marín, ha pedido a la cartera de Pilar Alegría que aclare "el fuerte impacto económico" del Real Decreto de FP y “un compromiso de dotar a las comunidades de la financiación necesaria" para su aplicación.
"La norma no concreta la financiación en materia de personal" y tiene "imprecisiones" en cuanto a la contratación laboral de expertos, ha añadido Marín.
Por otro lado, Castilla y León se ha quejado de "la falta de respeto" del Ministerio hacia las comunidades autónomas, porque la convocatoria se ha hecho "sin la antelación mínima que marca el reglamento y se cambia la documentación sin que de tiempo a analizarla antes del encuentro", por lo que pide nueva convocatoria que permita tratar el tema con "la debida seriedad".
Además quiere conocer cuál es la estimación del coste que maneja el Gobierno para la implantación de dicho real decreto.
