Dos jefes de la Guardia Civil en Canarias se ven salpicados por el caso Mediador

Los coroneles no están imputados en la causa pero sí bajo el punto de mira por su relación con uno de los presuntos cabecillas.

Foto de archivo del general Francisco Espinosa Navas, durante una conferencia que ofreció en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2020 cuando era jefe del proyecto europeo GAR-SI Sahel.
Foto de archivo del general Francisco Espinosa Navas, durante una conferencia que ofreció en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2020 cuando era jefe del proyecto europeo GAR-SI Sahel.
EFE/ Elvira Urquijo A

Se trata de José Tienda Serrano y Vicente Reig Basset, coroneles jefes de las Comandancias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, respectivamente, cuyos nombres aparecen en el sumario del caso Mediador, al que ha tenido acceso EFE, por llamadas o mensajes que se cruzaron con el general Espinosa cuando este supuestamente se ponía al servicio de una presunta trama corrupta de políticos y empresarios para conseguir contratos.

Espinosa Navas dedicó sus últimos años en activo en la Guardia Civil a dirigir un proyecto europeo en África (GAR-SI Sahel, 2017-2021), pero a los responsables de la causa no les resulta extraña su agenda de contactos en Canarias, pues antes de su ascenso a general fue cuatro años coronel jefe del cuerpo en Las Palmas (2008-2012).

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil apunta en sus informes que, de hecho, algunos de los empresarios que pretendieron su ayuda a través del intermediario que da nombre al caso Mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, buscaban precisamente eso: beneficiarse de sus relaciones con importantes empresarios canarios.

La conversación entre los tres, grabada por Navarro Tacoronte, refleja cómo en un momento dado a Espinosa Navas le llama por teléfono "el coronel Tienda".

Según recoge Asuntos Internos en su atestado, a Espinosa le dice Tienda "que los suyos están buscando los papeles, comentándole el primero (Espinosa) que acaba de dejar al 'primo', a lo que Tienda le pregunta si está en Tenerife, respondiéndole afirmativamente, que está medio borracho".

De esa conversación, no solo ha llamado la atención la aparición del coronel José Tienda, sino la presencia de Ángel Ramón Tejera, un constructor que ha hecho múltiples obras de mantenimiento y reforma en cuarteles de la Guardia Civil en varias provincias, entre ellas Santa Cruz de Tenerife. Al menos 13 de esas obras son objeto de una investigación ajena al caso Mediador que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid por posibles irregularidades.

La Provincia y El Día han publicado, además, que el Estado Mayor de la Guardia Civil ha intervenido las cuentas de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ante la sospecha de irregularidades en algunas obras. Consultado por EFE, un portavoz del cuerpo ha confirmado que la Comandancia de Tenerife tiene en estos momentos un interventor enviado desde Madrid, pero ha asegurado que se debe a que esa plaza ha quedado vacante por un ascenso.

En cuanto al coronel jefe de Las Palmas, Vicente Reig Basset, se ha visto salpicado por este asunto más tarde, en concreto tras conocerse que el móvil que le requisaron al general Espinosa en su detención aparece el contacto "VRB", siglas que el propio Servicio de Asuntos Internos del cuerpo vincula con su nombre, aunque lo hace con un "posiblemente" (informe al Juzgado del 16 de febrero).

En el móvil del Espinosa, VRB está incluido en un grupo de Whatsapp denominado "Equipo A" (en alusión a la serie televisiva de los ochenta), del que solo forman parte cinco personas: el propio general, Luis Monzón, "VRB", "Eustasio" y "UD Presi".

Para la Guardia Civil, los dos últimos son dos de los empresarios más relevantes de Gran Canaria: Eustasio López, propietario del grupo hotelero Lopensan (firma a la que los investigadores también vinculan a Monzón), y Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo que en estos momentos lidera la Segunda División.

En lo instruido hasta la fecha en el caso Mediador no aparece ningún reproche ni a Eustasio López ni a Miguel Ángel Ramírez, pero los dos tienen sus propios problema judiciales en otras causas: el primero está procesado por dos delitos de prostitución de menores por el caso 18 Lovas y al segundo la Fiscalía de Canarias le pide 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa, al atribuirle un fraude a la Seguridad Social de 36 millones de euros.

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