El Gobierno apuesta ya todo a que su reforma sirva para traer a Puigdemont
"Estamos mucho más cerca de ver cómo los fugados bajo un Gobierno del PP rinden cuentas ante la Justicia española" insiste Pilar Alegría.
El Gobierno y el PSOE insisten en su arriesgado vaticinio sobre el futuro de los responsables del 'procés' declarados en rebeldía. Y cada vez lo hacen con más contundencia. La portavoz de la ejecutiva socialista, Pilar Alegría, aprovechó este lunes una pregunta sobre el impacto que puede tener en su estrategia política la lectura que los jueces hagan de la polémica reforma penal pactada con ERC para anotarse preventivamente un tanto frente a la oposición. "Estamos mucho más cerca de ver cómo los fugados bajo un Gobierno del PP rinden cuentas ante la Justicia española, algo que fue imposible con el anterior Código Penal", esgrimió.
El Gobierno lleva meses tratando de conjugar argumentos de muy distinta índole para justificar su decisión de derogar el delito de sedición y rebajar las penas de un subtipo de malversación. De un lado, admite implícitamente que su objetivo era aliviar a los condenados y encausados por el 1-O de parte del castigo que les impuso el Tribunal Supremo y no fue objeto de indulto o, en el caso de los exaltos cargos aún pendientes de juicio, del que les puedan imponer los tribunales en los próximos meses. De otro, arguye que la reforma "facilitará" que Carles Puigdemont y el resto de los huidos sean entregados a la Justicia española al "homologar" el Código Penal al de las "democracias más avanzadas" (homologación que niegan los jueces del alto tribunal).
El auto que el magistrado del Suprem emitió el jueves para ajustar a la nueva ley los delitos que imputa al expresidente de Cataluña amenaza con convertir en agua de borrajas la primera parte del esquema gubernamental; la operación negociada durante meses entre el Ejecutivo y ERC en el marco de la mesa de diálogo. ¿La razón? Que Llarena entendió que, derogada la sedición, no podía recurrir más que a la desobediencia para calificar los hechos en torno al 1-O, pero decidió mantener la imputación por malversación agravada, que conlleva penas de hasta doce años de cárcel y de 10 a 20 años de inhabilitación. Sin embargo, el Gobierno insiste en que la segunda pata de su plan, la de allanar la extradición de Puigdemont, sigue en pie.
Decisiones dispares
Lo cierto es que, pese a la insistencia en que el problema de las euroórdenes emitidas en su día por el juez radicó en que el delito de sedición español estaba completamente desfasado respecto a los códigos europeos (los jueces que reciben una euroorden deben analizar si el mismo delito por el que se les pide la entrega de un sujeto existe en su ordenamiento jurídico) las razones esgrimidas por los tribunales belgas, italiano y alemán para denegar la entrega del 'expresident' o de algunos de sus consejeros fueron dispares.
Llarena está pendiente ahora, de hecho, de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronuncie el próximo 31 sobre la negativa belga a extraditar por malversación al exconsejero Lluís Puig con el argumento de que ni había garantía de respeto de sus derechos ni el Supremo era el tribunal competente. Si resuelve a favor del magistrado español, la entrega de lo huidos sí podría estar más cerca, al margen de la reforma del Gobierno. En todo caso, Puigdemont tiene aún otra carta que jugar porque a finales de febrero o marzo, el Tribunal General de la UE, ha de pronunciarse sobre su inmunidad o no como eurodiputado.
